Los servicios de Crucero del Norte están frenados, los pasajeros con boletos comprados no tienen respuestas y más de 400 trabajadores reclaman salarios que no llegaron. El cuadro es de incertidumbre total, aunque la empresa sale a negar que esté al borde de la quiebra.
La suspensión de los servicios nacionales y el cierre de la venta de boletos, tanto en boleterías como en la página web, fue comunicada “hasta nuevo aviso”. El conflicto, sin embargo, no arrancó ahí. Semanas antes, choferes respaldados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya habían realizado medidas de fuerza por atrasos salariales, con un acampe de trabajadores en las instalaciones de Garupá, en Misiones, exigiendo el pago de haberes y certezas sobre sus puestos.
La UTA informó que más de 400 empleados de distintas bases de la empresa participaron de la retención de tareas. La compañía había declarado años atrás una planta de más de 1.300 trabajadores directos en Argentina, aunque no hay cifra pública actualizada para 2026. Los pasajeros que ya abonaron sus pasajes tampoco tienen precisiones sobre devoluciones ni reprogramaciones.
Ante la versión que circuló sobre una posible quiebra, salió a hablar Julio Koropeski, uno de los socios de la firma. En declaraciones públicas, sostuvo que el problema “es de índole familiar” y descartó que la crisis tenga que ver con la eliminación de subsidios al transporte de larga distancia o con una situación de insolvencia. Crucero del Norte tiene entre sus socios a Julio Koropeski, su hermano Hugo y su madre. El empresario no dio detalles sobre las diferencias internas, pero insistió en que se trata de un conflicto societario privado, no político.
Koropeski también señaló que la situación financiera de la empresa puede verificarse en los registros del Banco Central de la República Argentina. Un dato que suma algo de contexto: en julio pasado, el Ministerio de Economía de la Nación prorrogó por diez años, desde el 28 de junio de 2026, los permisos de Crucero del Norte para operar servicios internacionales con Paraguay, luego de que la CNRT verificara su parque móvil.
La pregunta que queda abierta no es solo si la empresa es o no insolvente, algo que ella misma niega, sino qué pasa puertas adentro de su estructura societaria y, sobre todo, cuánto tiempo pueden aguantar los trabajadores sin cobrar y los pasajeros sin respuestas concretas.
