Las cancillerías de Uruguay y Argentina celebraron el acuerdo como si el tema estuviera cerrado. Pero la empresa tiene otra versión, y la dejó por escrito.
La planta de hidrógeno verde HIF Global —proyectada como la mayor inversión de la historia uruguaya, con US$ 1.000 millones solo en su primera etapa y un valor que se quintuplicaría al cierre del proceso— sigue sin tener un emplazamiento definitivo. Así lo reconoció la propia compañía en una carta enviada a las autoridades ambientales del gobierno de Uruguay, fechada el 21 de agosto y firmada por el CEO Martín Bremermann.
El documento, dirigido al director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, es contundente: «no existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta». La empresa lo escribió en negrita, como para que no quedaran dudas.
El contraste con el tono diplomático de los últimos meses es notable. La semana previa a esa carta, el canciller uruguayo Mario Lubetkin le había comunicado a su par argentino, Pablo Quirno, que Uruguay había tomado formalmente la decisión de reubicar la planta —originalmente prevista sobre el Río Uruguay— a un predio de Ancap en Paysandú. Quirno celebró el anuncio en su cuenta de X destacando «el diálogo y la diplomacia» como herramientas para resolver conflictos sensibles entre países vecinos.
El problema es que la empresa no comparte ese optimismo. Según HIF, las conversaciones con el Poder Ejecutivo uruguayo «aún no han concluido», al igual que la negociación para firmar el acuerdo de inversión con el gobierno nacional. Por eso, la compañía fue explícita: no quiere que se continúen actuaciones técnicas o administrativas que puedan quedar sin efecto si finalmente se confirma una nueva localización.
El Ministerio de Ambiente, que conduce Edgardo Ortuño, ya había tomado nota de la situación. En una comunicación enviada nueve días antes de la respuesta de HIF, la cartera informó que el proceso de evaluación de la Autorización Ambiental Previa (AAP) fue interrumpido hasta tanto se definan la configuración definitiva del proyecto y su emplazamiento, dado que una relocalización «modificaría sustancialmente las características del medio receptor».
El trasfondo del conflicto tiene historia. Las autoridades de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Colón y del propio gobierno de Javier Milei habían planteado reparos contra la ubicación original por el impacto ambiental —especialmente visual— que implicaba construir la planta sobre el río. Hubo presentaciones en distintos órganos y tribunales. La diplomacia pareció desactivar la tensión, pero el proceso técnico y comercial que debe sostener ese acuerdo todavía no tiene piso firme. Mientras tanto, la inversión más grande de la historia uruguaya sigue esperando saber dónde va a pararse.
