Dos años de organización, movilizaciones y causas judiciales. El resultado: la planta de hidrógeno verde HIF no se instalará donde estaba proyectada originalmente, en predios de la margen uruguaya frente a Colón, Entre Ríos. Es una victoria. Pero los vecinos que la protagonizaron son los primeros en advertir que todavía no es momento de festejar.
El comunicado de la asamblea ciudadana es contundente: “Celebramos haber impedido el emplazamiento original, pero todavía es demasiado temprano para festejar”. Y tienen razones concretas para la cautela. Hasta ahora, nadie comunicó oficialmente adónde pretenden mover el proyecto ni qué impactos tendría esa nueva ubicación sobre Colón y la Tierra de Palmares.
Lo que sí circula son trascendidos. Y uno en particular inquieta especialmente a los vecinos: que la nueva localización sería en predios de ANCAP, también en el departamento de Paysandú, Uruguay. Si eso se confirma, la distancia respecto de Colón seguiría siendo problemática. Como señalan desde la asamblea: “Mover una planta algunos kilómetros no significa alejar sus impactos. Lo visual nunca fue el problema central”.
El cuestionamiento de fondo apunta directo a la Junta Departamental de Paysandú, que recategorizó los padrones originales sin evaluar las afectaciones sobre ambas márgenes del río Uruguay. Ese error, dicen los vecinos, no puede repetirse unos kilómetros más al norte o al sur. La geografía del conflicto no cambia porque cambie la dirección en el mapa.
Lo que también persiste es la falta de información oficial. Las comunidades se enteran por declaraciones sueltas y filtraciones, no por canales formales. “Las decisiones parecen avanzar a espaldas de las comunidades involucradas”, denuncia el comunicado, y en ese punto el reclamo se extiende también hacia las autoridades argentinas: que no den el conflicto por resuelto sin conocer la nueva localización y sus impactos reales sobre el territorio entrerriano.
Además, el frente judicial sigue abierto. En Argentina se tramitan dos causas vinculadas al proyecto HIF, una civil y otra penal. En Uruguay, la Justicia Electoral de Paysandú todavía no reconoció la validez de las más de 17.000 firmas de sanduceros que reclamaron que la planta no se instale en el departamento. Nada de eso quedó resuelto con el anuncio de relocalización.
La pregunta que deja planteada la asamblea es la que ordena todo lo que viene: ¿la relocalización resuelve el conflicto o simplemente traslada el proyecto y coloca a las comunidades frente al mismo problema con otras coordenadas? Esa respuesta depende de información que, hasta ahora, ni el gobierno nacional uruguayo ni el departamental de Paysandú pusieron sobre la mesa. Mientras eso no ocurra, la lucha que empezó hace más de dos años en Colón sigue en pie.
