El primer barril todavía no salió, pero el reloj ya está corriendo. La explotación petrolera en las islas Malvinas avanza con una lógica que no se detiene con decretos domésticos, y esa es la verdad incómoda que el Gobierno nacional parece esquivar.
El proyecto Sea Lion, impulsado por la empresa Navitas Petroleum, tiene una primera fase que supone una inversión de 1.800 millones de dólares. El primer petróleo está previsto para marzo de 2028 y la producción podría extenderse por más de 30 años. No es una explotación marginal ni experimental: es un negocio de largo aliento que ya tiene cronograma y financiamiento.
Desde 2024 hubo protestas, gestiones diplomáticas y advertencias. El proyecto siguió avanzando igual. Ese dato solo debería obligar a revisar la estrategia con urgencia.
El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas frente a Sea Lion: un decreto reglamentario y un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El problema es que ninguna de esas herramientas ataca el nudo central del asunto. La explotación no puede ser detenida mediante decisiones adoptadas exclusivamente en el ámbito interno. Para frenarla, hay que internacionalizar la respuesta.
El análisis del diplomático y exembajador Jorge Argüello señala dos caminos que deberían activarse de forma coordinada: volver a la Asamblea General de la ONU y explorar seriamente las herramientas jurídicas de la CONVEMAR, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de la que tanto Argentina como el Reino Unido son partes.
Volver a la Asamblea General no significa empezar de cero. La Resolución 3160 de 1973 reclamó acelerar las negociaciones, y la Resolución 31/49 de 1976 pidió a ambas partes abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera pendiente. La explotación petrolera le da hoy nueva urgencia a ese mandato que lleva décadas sin cumplirse.
La vía de la CONVEMAR abre otra posibilidad concreta: llevar el caso a un arbitraje internacional previsto en su Anexo VII y, si corresponde, pedir medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El objetivo sería impedir o condicionar la explotación mientras se resuelve el planteo, sin necesidad de que el tribunal se pronuncie sobre la soberanía de las islas.
El caso Chagos dejó una enseñanza que vale la pena retener: la República de Mauricio no eligió entre diplomacia y Derecho Internacional. Acumuló instrumentos jurídicos y políticos hasta modificar el escenario a su favor. Argentina tiene ese mismo camino disponible, pero el tiempo no es un aliado.
El petróleo es un recurso no renovable. Una vez iniciada la extracción, la presión política y económica para sostenerla se vuelve casi imposible de revertir. La ventana para actuar con eficacia es ahora, antes del primer barril.
