La cifra no deja lugar a interpretaciones: la deuda de IOSPER pasó de $10.000 millones a más de $80.000 millones. El síndico de la obra social provincial, Giampaolo, salió a dar la voz de alarma con documentación en mano y sin anestesia.
El contador advirtió que, además del crecimiento desbordado del pasivo, hay múltiples incumplimientos normativos que configuran, según su análisis, la violación del artículo 249 del Código Procesal, que tipifica la infracción a los deberes de los funcionarios públicos por omisión, rechazo o retardo en actos de oficio. “No es un tema menor, se incumple hasta la misma ley de IOSPER que el oficialismo creyó que iba a solucionar los problemas. La ley no ha solucionado ningún problema, lamentablemente”, sentenció.
Giampaolo fue más lejos: sostuvo que la normativa impulsada desde el gobierno provincial tuvo como único resultado concreto que 132 empleados fueran despedidos de la obra social. “La ley lo único que ha producido es que la obra social siga funcionando mal, pero con 132 personas en la calle”, remarcó, y advirtió que no quiere que el IOSPER termine como el PAMI.
Uno de los datos más elocuentes del deterioro es el gasto en honorarios de abogados, que trepó de $1.400 millones a $4.800 millones, un incremento del 269%. La explicación es directa: los afiliados recurren cada vez más a recursos de amparo porque es, según el síndico, “uno de los pocos recursos que tiene el afiliado”. Los honorarios de prestadores como odontólogos siguen fijados en valores de 2014, mientras los costos reales multiplicaron ese número varias veces.
Giampaolo recordó un caso que ilustra el colapso del sistema: un afiliado de Concordia viajó al Sanatorio de Puiggari para una operación a corazón abierto. Ya estaban haciendo los preparativos cuando se detectó que la obra social no había autorizado la entrega de las válvulas necesarias. El síndico presentó una medida cautelar, obtuvo sentencia favorable, pero IOSPER incumplió la orden judicial. Hubo que embargar fondos de la propia obra social para comprar las válvulas por medios particulares y operar al paciente a contrarreloj. “Una situación de desorganización total y absoluta”, recordó.
Sobre los prestadores privados, Giampaolo fue claro: no justifica los adicionales que cobran, pero señaló que forman parte de un sistema sin incentivos, sin estadísticas y sin horizonte de cobro. “Los privados quieren cobrar, tienen grandes deudas y no tienen un horizonte claro de cuándo van a cobrar. Cobran con coseguros atrasados”, graficó. Y cerró el círculo: sin prestación no hay cobertura, y sin cobertura crecen los amparos, y los amparos generan más deuda de honorarios. Todo consecuencia, dijo, “del estado crítico que tiene hoy la obra social”.
El síndico encabezará esta noche una charla abierta en la sede del Partido Justicialista, en calle Güemes, a las 19 horas, con respaldo documental y estados contables publicados en el Boletín Oficial. La convocatoria apunta a los casi 300.000 afiliados que, según Giampaolo, tienen derecho a conocer el estado real de la institución que debería cuidar su salud.
