El contrato entre la Municipalidad de Concordia y VITSA Soluciones Ambientales S.A. ya no es solo un escándalo político: es una causa formal bajo la lupa del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Y el organismo no se anduvo con vueltas.
El 28 de agosto, el Tribunal resolvió requerir documentación tanto al Departamento Ejecutivo como al Concejo Deliberante para, en sus propios términos, “verificar la razonabilidad del precio contratado y la regularidad del procedimiento de contratación/concesión” del servicio de recolección de residuos. El intendente Francisco Azcué tiene 10 días para remitir todo lo que se le pide.
La actuación tramita bajo el Expediente SG N° 695/2026, iniciado a partir de las presentaciones de las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba. La decisión de avanzar con los requerimientos se apoyó en el Dictamen SG N° 3615/26 de la Fiscal de Cuentas N° 2, María Cristina Federik, y en el despacho del cuerpo del 25 de agosto.
Lo que el Tribunal quiere saber es mucho, y es específico. No hay pedido genérico que valga: el organismo reclamó el expediente administrativo completo de la contratación directa, los decretos N° 245/26 y 246/26, el contrato con todos sus anexos, modificaciones, prórrogas, pólizas, garantías, habilitaciones y constancias de cumplimiento de requisitos por parte de la empresa.
Pero el núcleo duro del requerimiento está en el precio. La contratación denunciada fijó inicialmente $250 millones mensuales, con mecanismo de actualización y posibilidad de prórroga. El Tribunal quiere saber cómo se llegó a ese número: pidió comparativos, presupuestos de referencia, informes de razonabilidad, criterios de evaluación de alternativas y fundamentos de la elección de VITSA. También quiere saber si existió una compulsa de precios previa, qué invitaciones se cursaron, qué ofertas se recibieron y qué actas se labraron.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿hubo algún mecanismo real de competencia antes de que VITSA se quedara con el servicio, o la contratación directa fue un camino trazado de antemano?
El requerimiento no se detiene en los papeles de la contratación. El Tribunal también pidió certificaciones del servicio prestado, facturas, órdenes de pago, imputaciones presupuestarias, compromisos, devengados y transferencias efectuadas. Con eso en mano, el organismo podrá reconstruir no solo cuánto se contrató, sino cuánto se certificó, cuánto se facturó y cuánto terminó pagando efectivamente el Municipio.
Hay otro pedido que tiene su propio peso político: el Ejecutivo deberá informar qué respuesta dio al pedido de acceso a la información pública y al pedido de informes presentado por las propias concejalas que impulsaron la denuncia. Es decir, el Tribunal también quiere saber si el municipio respondió o ignoró las consultas de sus propios concejales.
En paralelo, la causa penal vinculada al caso sigue sin novedades en Tribunales. Por ahora, es el Tribunal de Cuentas el que lleva el ritmo del expediente, y el municipio tiene el reloj corriendo para responder.
