Sesenta y un años de un privilegio que pocos se animaban a tocar. La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto que deroga la Ley Nº 4.506, vigente desde 1965, que garantizaba una pensión vitalicia a quienes hubieran ejercido los cargos de gobernador y vicegobernador de la provincia. El beneficio equivalía al 75 por ciento de la remuneración del cargo. Ya no existe.
La iniciativa había sido enviada por el gobernador Rogelio Frigerio en enero de 2024 y recorrió el camino completo: tratamiento en ambas cámaras, modificaciones en el Senado y sanción definitiva en la Cámara baja. No fue un trámite rápido, pero llegó a destino.
El punto más llamativo de la nueva ley es que la eliminación del beneficio alcanza también a las autoridades en ejercicio. Esto significa que el propio Frigerio y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros en quedar fuera del régimen que durante décadas cobijó a sus antecesores. Una decisión que, al menos en términos simbólicos, tiene peso: es difícil argumentar que se elimina un privilegio cuando uno mismo queda exceptuado de la medida.
«Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Con la vicegobernadora, Alicia Aluani, seremos los primeros alcanzados por esta decisión. Un compromiso más que asumimos y cumplimos», afirmó Frigerio al celebrar la sanción.
El gobernador enmarcó la medida dentro de una política más amplia de reforma del Estado. «Desde el primer día de gestión venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos», sostuvo. Y cerró con una frase que resume la apuesta política de la movida: «Si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo».
La derogación de la Ley 4.506 se inscribe en la agenda de austeridad y transparencia que la gestión provincial viene impulsando desde su inicio. Más allá de la retórica, el dato concreto es que un régimen previsional especial que beneficiaba a la cúpula política de Entre Ríos desde la época de Illia quedó formalmente desactivado. Lo que sigue es ver si la reforma se extiende a otros regímenes especiales que todavía persisten en el Estado provincial.
