Cuando una empresa cierra, lo que se pierde no es solo un número en una planilla: son salarios, familias, capacidad productiva instalada. Un proyecto presentado en la Legislatura de Entre Ríos apunta exactamente a ese momento crítico, el que suele resolverse mal o no resolverse.
El diputado Rossi impulsó la iniciativa, que establece un marco legal para que los trabajadores puedan continuar la actividad de empresas en crisis o quiebra mediante la conformación de cooperativas de trabajo. La propuesta crea además un Registro Provincial de Empresas Recuperadas, que funcionará en el ámbito del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER), articulado con la Secretaría de Trabajo provincial.
“El presente proyecto viene a cubrir un vacío normativo crítico: el protocolo de crisis e intervención rápida ante el colapso de pymes, industrias, medios de comunicación”, sostuvo Rossi al presentar la iniciativa. El legislador subrayó que, a diferencia de las leyes de fomento general, este marco norma la transición técnico-jurídica dentro del concurso o quiebra, en los términos de la Ley Nacional Nº 24.552.
Entre las herramientas previstas figuran asistencia técnica para armar y gestionar cooperativas, capacitaciones, líneas de crédito y acompañamiento durante el proceso de recuperación. Para las empresas inscriptas en el registro se contempla además un régimen de preferencia como proveedoras del Estado, tratamiento fiscal diferencial y acceso a créditos y subsidios. No es poco.
El proyecto se cuida de aclarar algo que en el debate político suele generar ruido: no propone la estatización de empresas. La idea es ordenar institucionalmente un mecanismo que ya existe de manera informal y desordenada, para preservar el empleo, la producción y las capacidades instaladas. Complementa leyes provinciales ya vigentes sobre economía social y trabajo cooperativo, pero agrega una herramienta específica para actuar en situaciones de emergencia.
Los números que fundamentan la iniciativa son duros. Según los datos incorporados al proyecto, en enero de 2026 Entre Ríos registraba 854 empresas menos que en noviembre de 2023 y una pérdida de 4.412 puestos de trabajo privados registrados en el mismo período. Ese es el contexto que le da urgencia a la propuesta.
“Queremos que ante una crisis la respuesta sea preservar el trabajo, la producción y las capacidades que ya existen en Entre Ríos. Se trata de contar con un mecanismo previsible para que una empresa que atraviesa una situación crítica pueda encontrar una alternativa de continuidad en manos de sus trabajadores”, cerró Rossi. El proyecto deberá ahora recorrer el camino legislativo para convertirse en ley provincial.
