La firma fue con pompa y gobernador incluido, pero desde las bases el diagnóstico es otro. El 27 de agosto, Rogelio Frigerio encabezó la firma de un convenio entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco Entre Ríos para subsidiar dos puntos de la tasa de interés en créditos hipotecarios destinados a empleados públicos en planta permanente sin vivienda propia. La primera etapa contempla unos 300 créditos con un fondeo inicial de 20.000 millones de pesos. Suena bien. El problema es lo que pasa antes de llegar al mostrador del banco.
Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia, fue directo: el programa choca de frente con la realidad financiera de los propios trabajadores que debería beneficiar. El requisito mínimo de ingreso es de 1,8 millones de pesos, pero quien gana eso, según Pérez, se lleva de bolsillo entre 200.000 y 300.000 pesos después de descuentos y compromisos previos. “No les va a alcanzar, están endeudados”, remarcó el dirigente.
Y el problema no termina en el titular del crédito. Frigerio mencionó que se puede sumar el ingreso de cotitulares del grupo familiar, pero Pérez advirtió que esa salida también está cerrada para muchos: “Los compañeros están endeudados los dos, no uno solo”. El gremialista estimó que el empleado estatal perdió el 40 por ciento de su poder adquisitivo, y que en dos años y medio dejó de percibir entre 8 y 10 millones de pesos. Con esos números, la cuota de una hipoteca es casi un lujo.
Pérez fue más lejos y trazó una analogía incómoda: el gobierno provincial ofrece créditos para refinanciar deudas que, según el sindicalista, el propio Estado generó con años de ajuste salarial. “Nos endeudaron a todos y ahora aparecen con créditos para refinanciar las deudas con que nos endeudaron”, disparó. La lógica, dijo, es la misma que aplica el gobierno nacional cuando toma deuda externa para pagar deuda externa.
A eso se suma la cuestión de la escala. Pérez se preguntó cuántos de esos 300 créditos llegarían efectivamente a Concordia. Su estimación: unos 30. El resto se repartiría entre Paraná y el interior de la provincia. Para el dirigente, ese número es, sin vueltas, “insignificante” frente a la demanda real.
El sindicalista sí reconoció un punto positivo: quien acceda al crédito dejaría de pagar alquiler para empezar a construir patrimonio propio. Pero insistió en que la demanda va a superar ampliamente la oferta disponible en esta primera etapa.
Como contrapunto, Pérez recordó que hace más de 12 años ATE no encabeza un plan propio de viviendas para estatales. La última experiencia fue bajo la conducción de Miguel Pelandino en ATE Entre Ríos, cuando se edificaron 1.080 viviendas en toda la provincia. En Concordia, el gremio gestionó 74 viviendas en el barrio Misiones y otras 36 cerca de la cancha del club Defensores de Nébel. Pérez también admitió que aquella operatoria tuvo irregularidades: adjudicatarios que ya tenían vivienda propia se inscribieron en un programa pensado para quienes no tenían ninguna, lo que derivó en cambios en los requisitos de acceso.
