Las máquinas ya no están. Las oficinas, vaciadas. Y los trabajadores, afuera. Granja Tres Arroyos suspendió «hasta nuevo aviso» la actividad de su planta industrial en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, y el panorama que dejó atrás no deja mucho lugar para el optimismo.
La empresa notificó formalmente el cese productivo a partir del 31 de agosto de 2026, argumentando «falta de suministro eléctrico y otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor». Los empleados recibieron la instrucción de no presentarse a trabajar salvo convocatoria expresa de un supervisor. Pero lo que encontraron al enterarse fue peor que el silencio: fuentes vinculadas a la situación de la compañía confirmaron que los equipos concesionados —zorras, máquinas para armado de cajas, maquinaria diversa— fueron retirados del establecimiento. Integrantes del directorio también habrían vaciado sus oficinas y depósitos. «No quedó nada», resumió una fuente consultada.
La pregunta que nadie quiere responder en voz alta es si esto es una pausa o un cierre encubierto. Y la historia reciente de la empresa no ayuda a calmar los ánimos.
La crisis de Granja Tres Arroyos arrancó a profundizarse en diciembre de 2024, cuando la compañía solicitó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis. Desde entonces, el mapa de daños no paró de crecer. La planta de Tristán Suárez cerró y dejó afuera a 200 trabajadores sobre una dotación de 270. La planta Becar, en Concepción del Uruguay, anunció su cierre definitivo, y sus 270 empleados fueron trasladados a la planta La China, que permanece cerrada desde fines de mayo. En julio, la planta Avex de Río Cuarto, Córdoba, frenó producción bajo el rótulo de «parada programada de dos semanas» que se extendió durante todo agosto, con 350 trabajadores en el limbo. En Pilar, la planta Pinazo suspendió a todo su personal. Y en las plantas Wade I y Wade II del conurbano bonaerense, las paralizaciones y conflictos salariales se convirtieron en moneda corriente.
El golpe más duro en Entre Ríos llegó a mediados de agosto: 250 trabajadores fueron despedidos de la planta de Concepción del Uruguay, sobre una dotación de unos 900 empleados. Los telegramas de despido invocaron «grave disminución de trabajo no imputable a la empleadora». La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó duramente los despidos y denunció que los empleados acumulaban más de cinco quincenas de salarios adeudados.
En el plano financiero, la empresa negoció con sus acreedores la reestructuración de una deuda de USD 350,9 millones, con quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos. A comienzos de 2026, la planta Avex de Río Cuarto fue vendida a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como parte de esa estrategia de liquidez.
Lo que queda en pie es un gigante avícola que se desmorona planta por planta, con miles de familias que esperan respuestas y cobros que no llegan. La suspensión de Capitán Sarmiento es un eslabón más de una cadena que, a este ritmo, amenaza con no tener fin.
