Las palabras importan, y en política importan todavía más. El bloque oficialista Juntos por Entre Ríos salió a aclarar los términos de la convocatoria a la ministra Berisso ante la Cámara de Diputados provincial, después de que el término “interpelación” empezara a circular con fuerza en el debate público.
La distinción no es un capricho semántico: tiene respaldo constitucional concreto. El artículo 116 de la Constitución de Entre Ríos establece que cada Cámara puede, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, “llamar a su seno a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que crea convenientes”. Ese es el mecanismo que se activó, y tiene nombre propio: convocatoria.
En la misma línea, el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados encuadra el procedimiento exactamente en esos términos, sin equipararlo a una interpelación. “Las instituciones tienen reglas y los términos no son intercambiables”, remarcaron desde el bloque oficialista. “Lo que aprobó la Cámara es la convocatoria de la ministra Berisso, en los términos previstos por la Constitución y el Reglamento”.
Desde Juntos por Entre Ríos también subrayaron que este tipo de convocatorias no es ninguna novedad institucional: otros ministros del gabinete provincial ya pasaron por el mismo mecanismo en distintas oportunidades, dentro del ejercicio normal del control legislativo. “Se trata de una herramienta propia del funcionamiento republicano”, concluyeron.
El trasfondo del debate no es menor. El peronismo viene impulsando una ley para modificar el sistema de comedores escolares, y la convocatoria a Berisso se da en ese contexto, con la gestión del área también bajo la lupa por la figura del director Azzalini. La Cámara, en definitiva, ejerció una facultad que le reconoce la propia Constitución entrerriana, y el oficialismo eligió defender esa decisión con argumentos jurídicos antes que políticos.
