Una campana, una casilla precaria y una mochila siempre lista. Así pasó diez años escondida Alejandra Rodríguez, conocida como “Amparito”, condenada a 20 años de prisión por participar en los abusos sexuales contra sus propias hijas. El lugar elegido para desaparecer del sistema: un camping familiar de Villa Paranacito, en el sur entrerriano.
La historia tiene todos los elementos de una fuga calculada. Según se conoció, Rodríguez montó un esquema de alerta primitivo pero efectivo: una campana que funcionaba como señal de aviso ante cualquier presencia extraña, lo que le daba tiempo para internarse en el monte y perderse entre la vegetación. La mochila, siempre cargada y a mano, era su plan de contingencia permanente. Vivía al límite, pero vivía libre, mientras la Justicia la buscaba.
Una década. Diez años en los que una mujer condenada por uno de los delitos más graves que contempla el Código Penal argentino —el abuso sexual de sus propias hijas— logró eludir a las autoridades. No se fue al exterior, no cambió de identidad en otra provincia grande: se quedó en Entre Ríos, en un rincón de islas y monte, apostando a que nadie la buscaría ahí.
La detención de “Amparito” pone sobre la mesa preguntas incómodas sobre la eficacia de los mecanismos de búsqueda de prófugos condenados, especialmente en causas de abuso intrafamiliar. Que una persona con condena firme pueda permanecer oculta durante una década a pocas horas de los tribunales que la juzgaron no es un dato menor: es una falla que merece explicación.
Con su captura, Rodríguez deberá ahora cumplir la condena que la Justicia le impuso. Sus hijas, víctimas de los abusos que ella misma facilitó o ejecutó, esperaron este momento durante años.
