El reloj corre y el 1° de septiembre ya tiene nombre propio en Concordia: desde esa fecha, el Sanatorio Concordia deja de ser prestador de PAMI, y unos 15.000 afiliados de la ciudad quedarán transitoriamente sin cápita asignada para internación. No es una amenaza ni una advertencia de último momento. Es el desenlace de un conflicto que, según la propia institución, lleva más de diez meses sin respuesta.
El Sanatorio salió este jueves a dar su versión pública del conflicto, y el tono del comunicado no deja margen para la interpretación: el establecimiento acusa al Instituto de acumular un atraso del 130% en los aranceles abonados, lo que genera un déficit operativo mensual que, a su juicio, hace directamente inviable seguir prestando el servicio bajo las condiciones actuales. Cartas documento, reuniones, restricciones, medidas de fuerza. Nada, según el Sanatorio, obtuvo “una sola propuesta viable acorde a la problemática actual”.
La gota que rebalsó el vaso llegó el 26 de junio, cuando la institución comunicó formalmente la rescisión del convenio “por exclusiva culpa del Instituto”, con fecha de cierre fijada para el primer día de septiembre. PAMI ejecutó administrativamente esa rescisión el 26 de agosto en su Sistema Interactivo de Información, aunque el Sanatorio aseguró que hasta ese momento no había recibido notificación fehaciente alguna.
Hubo un intento de destrabar el conflicto a nivel central: el Sanatorio logró una audiencia con autoridades de PAMI Central en Buenos Aires para el 6 de agosto. El encuentro fue suspendido 24 horas antes y nunca volvió a reprogramarse. Desde la institución señalaron que la suspensión pudo estar vinculada con la renuncia de funcionarios de la conducción nacional del organismo, aunque lo concreto es que desde entonces no hubo ninguna nueva instancia de diálogo. “Consideramos que no tuvimos ni el espacio ni los interlocutores válidos”, afirmó el equipo directivo.
El cuestionamiento al funcionamiento de PAMI va más allá de los aranceles. El Sanatorio enumeró una lista larga y concreta de problemas cotidianos: desdoblamientos y demoras en los pagos, dificultades para entregar prótesis y marcapasos a pacientes internados, demoras en medicamentos oncológicos y tratamientos de quimioterapia, trabas en autorizaciones quirúrgicas, topes en estudios diagnósticos, y problemas con farmacias, ópticas, oxígeno, sillas de ruedas y pañales. Un combo que, según la institución, generó demoras innecesarias en altas y tratamientos.
También apuntaron contra la estructura centralizada del organismo, que a su entender deja al interior del país “en una completa desventaja”, porque las oficinas locales carecen de capacidad resolutiva real para resolver situaciones de esta magnitud. Todo se decide en Buenos Aires, y cuando Buenos Aires no atiende, Concordia queda a la deriva.
Desde PAMI, el comunicado difundido ayer aclaró que la ruptura del convenio no implica que los afiliados queden sin atención ni cobertura sanitaria. Ante la necesidad de guardia o internación, el organismo indicó que, según la complejidad de cada caso, deberán utilizarse los hospitales Masvernat y Felipe Heras. La advertencia del Sanatorio es directa: si esa demanda recae sobre el sistema público sin refuerzo de recursos, el colapso es una posibilidad concreta, no una figura retórica.
