La pregunta está sobre la mesa y el Gobierno de Rogelio Frigerio tendrá que responderla: ¿contrató la administración provincial a Madero Media Group, la empresa vinculada al consultor político Fernando Cerimedo? Eso es lo que quieren saber los diputados del Partido Justicialista de Entre Ríos, que presentaron un pedido de informes formal en la Legislatura.
El planteo, encuadrado en el artículo 117 de la Constitución provincial, apunta a determinar si la Administración Pública entrerriana, sus organismos descentralizados y otras dependencias del Estado mantuvieron algún tipo de relación con esa firma desde el 10 de diciembre de 2023. El abanico es amplio: contrataciones, vínculos comerciales, pauta publicitaria oficial o cualquier otro acuerdo.
Si la respuesta es afirmativa, el Ejecutivo deberá detallar qué organismo intervino, cuál fue el objeto de la contratación, las fechas, los montos abonados, los bienes o servicios adquiridos y los funcionarios que participaron. También se pide información específica sobre la pauta oficial: si Madero Media Group fue incorporada como proveedora, desde cuándo y bajo qué criterios y mecanismos de control se autorizaron los pagos.
El interés por la empresa no es casual. Madero Media Group quedó bajo la lupa luego de que se conociera que el Gobierno de Córdoba le pagó al menos $64,7 millones durante 2026, mientras que en 2025 había recibido otros $51,6 millones, según una investigación periodística. La firma está vinculada a Fernando Cerimedo, consultor político ligado a La Libertad Avanza y a la campaña presidencial de Javier Milei.
A ese contexto político se suma la situación judicial del consultor: Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia, investigado por un presunto intento de femicidio contra su expareja. El consultor niega las acusaciones.
Por ahora, el pedido legislativo no afirma que haya existido ninguna contratación en Entre Ríos. Lo que busca es que el Gobierno provincial informe con transparencia si hubo algún vínculo, cuánto dinero público pudo haber estado involucrado, qué servicios se habrían contratado y quiénes habrían autorizado esas operaciones. La pelota quedó en la cancha del Ejecutivo.
