Dos movimientos en simultáneo sacudieron esta semana la discusión sobre los comedores escolares de Entre Ríos. El bloque justicialista de la Cámara de Diputados provincial aprobó un pedido de interpelación contra la ministra de Educación, Claudia Berisso, y el director del área de comedores, Azzalini, y al mismo tiempo presentó un proyecto de ley para cambiar de raíz el sistema que hoy opera bajo el esquema de Teknofood.
La interpelación fue impulsada por la diputada Silvina Decco junto a una decena de legisladores del peronismo, entre ellos Laura Stratta, Juan José Bahillo y Enrique Cresto. El objetivo es que los funcionarios vayan a la Cámara a explicar el estado actual del servicio de alimentación en las escuelas primarias y secundarias entrerrianas. La fecha de la sesión especial quedará a criterio de la Presidencia de la Cámara. Lo que el bloque señala con énfasis es que el 28 de julio presentaron un pedido de informes de 34 puntos sobre la contratación de Teknofood, y que el Poder Ejecutivo todavía no respondió ninguno.
El cuestionamiento de fondo no es menor: los legisladores sostienen que el cambio introducido por el Ejecutivo puede afectar la alimentación cotidiana de los estudiantes y ponen el foco en la calidad nutricional de los productos que integran el nuevo esquema. El silencio oficial frente al pedido de informes no hace más que alimentar la sospecha.
En paralelo, el peronismo presentó el proyecto “Pueblo y Gobierno por una Alimentación y Nutrición Digna”, una propuesta que apunta a descentralizar el sistema. La iniciativa establece que profesionales de la nutrición elaboren menús variados para desayunos, almuerzos y meriendas, con productos frescos y de estación, y que cada escuela pueda elegir entre esas opciones según sus necesidades y la disponibilidad local de alimentos.
El argumento económico es contundente. Según el bloque, la contratación vinculada a Teknofood implica una erogación superior a los $101.000 millones. Frente a ese número, los diputados sostienen que el sistema descentralizado permitiría reducir aproximadamente a la mitad el costo para el Estado, sin bajar ni la cantidad ni la calidad nutricional de las prestaciones. No es un dato menor en un contexto de ajuste generalizado.
El proyecto también tiene una dimensión económica local que merece atención: en lugar de concentrar la provisión en un único esquema provincial, propone que cada establecimiento compre a comercios y proveedores habilitados de Entre Ríos, desde almacenes y carnicerías hasta cooperativas, productores y pequeñas empresas de cada localidad. La idea es que la plata del Estado provincial circule en la economía de cada pueblo y ciudad, en vez de concentrarse en un solo operador.
Un detalle adicional del proyecto: los fondos que queden disponibles por inasistencias o por una administración eficiente no serían devueltos ni descontados. Permanecerían en cada escuela para comprar alimentos de mayor calidad o mejorar el equipamiento de las cocinas. El debate en la Cámara recién empieza, pero la presión sobre el Ejecutivo provincial ya es visible.
