La maniobra no prosperó. El Juzgado de Garantías N° 2 de Paraná, a cargo del juez Bastián, rechazó esta mañana la recusación que la defensa del exgobernador Gustavo Bordet había presentado contra el fiscal Arias, quien conduce la investigación sobre el patrimonio del exmandatario entrerriano. El magistrado fue contundente: ninguno de los argumentos alcanzó para demostrar una pérdida real de imparcialidad en la actuación del Ministerio Público Fiscal.
A finales de julio, el abogado defensor Jorge Romero había solicitado formalmente el apartamiento de Arias de la causa, iniciada en febrero de 2024. El planteo sostenía que el fiscal había ido perdiendo objetividad de manera progresiva desde el comienzo de la investigación. Romero no estuvo presente esta mañana en la audiencia donde se leyó la resolución.
Uno de los ejes centrales de la recusación apuntaba a una presunta filtración de información reservada. La defensa argumentó que escritos, resoluciones y elementos del expediente trascendieron públicamente antes incluso de ser notificados formalmente a las partes, lo que a su criterio evidenciaba una intención de instalar una hipótesis de culpabilidad sobre Bordet antes de cualquier definición procesal. «Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información de una investigación para instalar públicamente una determinada versión de los hechos», afirmó Romero en el escrito.
Pero Bastián desmontó ese argumento con un dato concreto: en abril pasado, el propio juzgado había solicitado autorización para realizar un procedimiento, tramitado a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná. La medida quedó en conocimiento de la Cámara de Diputados, lo que implicó que legisladores, defensores y defendidos tuvieron acceso a esa información con semanas de anticipación respecto de las primeras publicaciones periodísticas. Para el juez, atribuirle al fiscal la filtración carece de sustento. Además, señaló que en esta causa no existe secreto de sumario, por lo que la divulgación de determinadas actuaciones no puede imputarse automáticamente a Arias.
El otro flanco del planteo giraba en torno al vínculo que la defensa atribuye entre el fiscal y el intendente de Concordia, Francisco Azcué. Romero aclaró que no calificaba esa relación como una conducta irregular en sí misma, pero sostuvo que debía ser considerada al evaluar la objetividad del funcionario. «Cuando existe un vínculo personal entre quien conduce una investigación y un dirigente político que puede resultar beneficiado por el debilitamiento de otro dirigente, la Justicia debe extremar los cuidados», expresó el defensor. La defensa también mencionó una supuesta «marcada posición ideológica» del fiscal como elemento adicional del planteo. Arias, por su parte, negó los vínculos que le atribuyen.
Con la resolución de esta mañana, Bastián dejó en claro que ninguno de esos argumentos alcanza para acreditar un abuso de funciones ni para sostener que la investigación esté viciada. El fiscal Arias sigue al frente de la causa y la investigación sobre el patrimonio del exgobernador Bordet continúa su curso.
