Un cartel, una ley nacional y un concejal que dijo que todo era mentira. La reinstalación del cartel que identifica al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” de Concordia como Sitio de Memoria no pasó sin ruido: el concejal Felipe Sastre, quien se presenta como abogado y maestrando en historia, salió a cuestionar públicamente la medida, calificando al cartel de “mentiroso” y poniendo en duda los hechos que allí se señalan.
La respuesta de los organismos de Derechos Humanos de Concordia fue contundente y fue directamente al hueso: los hechos que Sastre niega no son opinión ni relato, son sentencias judiciales firmes. En las causas “Appiani” y “Harguindeguy”, la justicia federal verificó y probó lo ocurrido en ese regimiento. Naldo Dasso, entonces jefe del Área 225 a cargo del Regimiento de Tanques 6, fue condenado a prisión perpetua, condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó.
Los extractos de la sentencia son elocuentes: en ese regimiento fueron secuestrados Julio Solaga, Sixto Francisco Salazar, Valerio Sánchez y Jorge Papetti, este último soldado bajo bandera. Cientos de concordienses fueron detenidos ilegalmente y torturados entre esas paredes. Las prisioneras políticas fueron violadas. Eso dice la justicia. No un cartel, no un relato: una sentencia.
Sastre también cuestionó la falta de autorización municipal para la instalación del cartel. Los organismos de DDHH aclararon que desde marzo de este año informaron al municipio de Concordia sobre la medida, sin obtener respuesta formal. Pero más allá de la desidia municipal, el punto central es que el cartel está amparado por la Ley Nacional N° 26.691, la ley de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Justicia de la Nación, organismo que autorizó la reinstalación.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿cómo puede un concejal, con formación jurídica declarada, desconocer sentencias firmes de la Corte Suprema y una ley nacional vigente? Los organismos no lo dicen con suavidad: hablan de “ignorancia jurídica” de alguien que ocupa una banca y que, según señalan, debería bregar contra toda forma delictiva, especialmente contra los crímenes de lesa humanidad. El cartel sigue en pie, respaldado por la ley y por la justicia. La polémica, en cambio, dejó más preguntas que respuestas sobre los dichos del concejal.
