El dato es tan crudo que cuesta procesarlo: solo el 26% de las rutas nacionales en Entre Ríos está en condiciones de transitabilidad corriente o buena. El resto, más del 70%, representa un riesgo real para cualquiera que las use. Y mientras los accidentes se acumulan, los fondos que debían evitar todo esto terminaron en otro lado.
La diputada nacional Blanca Osuna lo planteó con todas las letras en el Congreso, donde el martes pasado se convocó a transportistas, legisladores provinciales, intendentes y —dato que pesa— a víctimas de accidentes viales que dieron testimonio en primera persona. También estuvieron presentes referentes de organizaciones como Estrellas Amarillas, el Consejo Superior de Profesionales y Técnicos de Vialidad Nacional y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), entre otros.
El eje del debate fue el SisVial, el Sistema Vial Integrado, un fideicomiso público financiado con un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos cuyo único destino legal es la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial nacional. En 2024, ese fondo acumuló $360.000 millones. Pero al mantenimiento de rutas solo fueron $40.000 millones. El resto se derivó a inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal. “El equilibrio fiscal trucho del que se jacta el Presidente”, definió Osuna sin rodeos.
De esos $40.000 millones prorrateados entre todas las provincias, a Entre Ríos le tocaron migajas. La legisladora fue explícita: ese recorte tiene consecuencias directas en términos de accidentes, empleos y calidad de vida. Un ejemplo concreto: la paralización de obras en la ruta 18 en el tramo Paraná-Viale provocó el despido de 60 trabajadores, cuya reincorporación inmediata fue exigida desde el bloque.
El panorama nacional tampoco es mejor: se estima que entre el 65 y el 70% de las rutas nacionales están en estado de regular a malo. Durante el primer semestre de 2026, la mayoría de los siniestros viales se concentraron en rutas nacionales por falta de mantenimiento y señalización. No es mala suerte: es consecuencia directa de decisiones presupuestarias.
Osuna también apuntó a la Vialidad Provincial, donde la reducción de capacidad operativa es presentada como una mejora de eficiencia. “Es la muestra de la falta de inversión”, respondió la diputada. Y fue directa con el gobernador Rogelio Frigerio: la provincia oscila entre “el silencio y la indiferencia” cuando debería estar exigiendo rendición de cuentas. “¿Cómo se defienden los intereses de los entrerrianos? Esclareciendo cuánto debíamos recibir y cuánto efectivamente recibimos”, planteó.
Lo que se le reclama al Ministerio de Economía es transparencia sobre el destino de los recursos del SisVial en 2024, 2025 y 2026, incluido el rendimiento financiero de las inversiones realizadas con esos fondos. La ley es clara: ese dinero tiene un uso exclusivo. Usarlo para otra cosa no es gestión, es incumplimiento.
