El Gobierno de Entre Ríos tiene claro lo que quiere decir: la Justicia puso un límite, ellos lo acatan, pero nadie les va a desmantelar la reforma. Así de directo salió el Ejecutivo provincial este viernes a fijar posición tras el fallo judicial que ordenó excluir de los desayunos y meriendas escolares los productos con sellos de advertencia nutricional.
La respuesta oficial llegó en forma de comunicado y con una lectura muy concreta del fallo: la resolución establece una restricción sobre qué alimentos pueden entregarse en los establecimientos educativos, pero no anula la licitación, no rescinde el contrato vigente, no impide el sistema centralizado de provisión ni ordena regresar al mecanismo anterior. Esa es la línea que la Provincia defiende y que no está dispuesta a ceder.
Para el Ejecutivo, el fallo incluso les da la razón en varios puntos. Según sostienen, la resolución judicial reconoce valor probatorio a la documentación técnica presentada y considera acreditado que la centralización de las compras surgió de un diagnóstico orientado a mejorar la trazabilidad, los controles y la homogeneidad de la prestación. En otras palabras: la Justicia cuestionó algunos productos, no el esquema en sí.
El comunicado también remarcó que el fallo ratifica las facultades del Poder Ejecutivo para organizar el Programa Alimentario Escolar, definir los mecanismos de adquisición, seleccionar los productos, establecer los menúes, determinar proveedores, disponer controles y administrar los recursos. Una enumeración que suena casi como una declaración de principios.
¿Qué cambia entonces en la práctica? La Provincia realizará las adecuaciones necesarias sobre los productos alcanzados por la resolución, pero el esquema general no se toca. El sistema seguirá siendo mixto: desayunos y meriendas con organización provincial centralizada, y almuerzos administrados por las propias escuelas, que conservan la posibilidad de comprar en comercios y proveedores de cada localidad. Además, el Gobierno aseguró que ningún estudiante dejará de recibir su desayuno o merienda como consecuencia de la adecuación ordenada.
La reforma, según explicaron, comenzó a elaborarse desde el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio y, después de más de un año de trabajo, derivó en una licitación pública y abierta. El objetivo declarado es saber qué se compra, cuánto se paga, dónde se entrega y qué recibe cada estudiante. “El objetivo no es defender un producto, una marca o una empresa, sino garantizar una mejor alimentación para los estudiantes entrerrianos”, sostuvieron desde el Ejecutivo.
Mientras analizan los fundamentos jurídicos de la sentencia y los pasos procesales que correspondan, el Gobierno cumplirá lo dispuesto y continuará avanzando con el nuevo sistema. La pulseada entre la Justicia y el Ejecutivo provincial sobre la alimentación escolar está lejos de cerrarse.
