Diez días. Para un expediente judicial, es apenas un plazo procesal. Para Vanesa Dubini, madre de dos de las cuatro víctimas del choque fatal en la Ruta Provincial 39, son diez días más de incertidumbre, de silencio, de espera sin respuesta. Y eso ya es demasiado.
Dubini se dirigió directamente a los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mónica Mizawak y Daniel Omar Carubia, con un pedido que ella misma se encargó de aclarar: no busca que el tribunal tome una decisión determinada ni que se vulneren las garantías de ninguna de las partes. Solo pide que, si legalmente es posible, el STJ resuelva antes de que venza el plazo de diez días. Nada más. Nada menos.
La causa tiene un origen brutal. El 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, el vehículo oficial que conducía el exfuncionario provincial Juan Enrique Ruiz Orrico impactó de frente contra el auto en el que viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Axel Rossi y Leandro Almada. Los cuatro iban a trabajar. Los cuatro murieron.
La Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena de cinco años y ocho meses de prisión efectiva contra Orrico. Sin embargo, su defensa presentó una impugnación extraordinaria ante el STJ, lo que impide que la sentencia quede firme. Mientras el tribunal analiza el recurso, Orrico permanece en libertad.
Ese dato no pasó desapercibido para Dubini. En su carta, la madre fue directa: “Si hubiera sido al revés, nuestros hijos ya estarían presos”. La frase no necesita traducción. Sintetiza lo que muchas familias en situaciones similares sienten pero pocas veces logran articular con tanta claridad.
En el comunicado, Dubini les pidió a los magistrados que al momento de analizar el expediente puedan ver más allá de los escritos y los recursos. “Brian no puede pedir justicia. Lucas no puede pedir justicia. Axel no puede pedir justicia. Leandro no puede pedir justicia. Por eso hoy lo hacemos nosotros”, escribió. Son palabras que pesan.
La madre también dejó en claro que las familias no reclaman privilegios ni un trato especial: piden igualdad ante la ley y que el proceso no se extienda más de lo necesario. “No queremos venganza. Queremos justicia. No queremos privilegios. Queremos igualdad ante la ley”, expresó.
El expediente ahora está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá resolver si admite o rechaza el recurso extraordinario presentado por la defensa de Orrico. De ese fallo depende si la condena queda firme o si el caso ingresa en una nueva etapa de litigio. Las familias de las cuatro víctimas aguardan esa respuesta.
