Una granada explotó en el juicio por la causa Cuadernos. El ejecutivo del Grupo Techint, Pablo Daniel Brizzio, declaró bajo juramento que los trabajadores argentinos en la empresa Sidor de Venezuela salieron del país sin problemas y que nadie del gobierno de Cristina Kirchner les pidió dinero a cambio. Así, de un plumazo, contradijo todo el andamiaje argumental que les había permitido a los directivos de la empresa quedar sobreseídos en esta misma causa.
El argumento que usaron en su momento los ejecutivos principales de Techint era tan dramático como conveniente: dijeron haber pagado más de dos millones de dólares por razones humanitarias, para que el ministerio de Julio de Vido gestionara ante Hugo Chávez la salida segura de los empleados de Sidor, la mayor empresa metalúrgica de Venezuela. Con ese razonamiento, la justicia de Comodoro Py los sobreseyó. El sobreseimiento fue, en términos jurídicos, un escándalo y una demostración descarnada del poder empresario.
Pero Brizzio no solo contradijo a sus ex colegas: aportó un dato que destruye la cronología entera del argumento. Según los cuadernos del chofer Oscar Centeno, los pagos se realizaron entre agosto y diciembre de 2008. Sin embargo, el ejecutivo declaró que los empleados argentinos de Sidor ya habían abandonado Venezuela en junio de ese mismo año. Cuando supuestamente se pagó el rescate humanitario, los rescatados ya estaban en casa. El argumento se cae solo.
Los dos ejecutivos fundamentales acusados por el fallecido juez Claudio Bonadío, Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, siempre sostuvieron que pagaron bajo presión. Los funcionarios de Planificación, en cambio, siempre dijeron que no hubo pago alguno y que el dinero, si existió, se lo quedaron los propios ejecutivos de Techint. Ambos, según se señaló en su momento, entraron al blanqueo que habilitó el gobierno de Mauricio Macri. El dueño del grupo, Paolo Rocca, declaró durante la instrucción que no sabía nada de las supuestas coimas, algo difícil de creer cuando se habla de una suma de esa magnitud.
Brizzio fue más lejos aún: afirmó que las negociaciones sobre Sidor fueron seguidas de cerca por el propio Rocca, y que José María Olazagasti, el número dos de De Vido, jamás les pidió dinero. Además, aclaró que las conversaciones con el gobierno venezolano no giraron en torno al regreso de los empleados, sino sobre la indemnización por la nacionalización. Quienes siguieron aquellas tratativas sostienen que Techint hizo un negocio extraordinario al obtener una reparación millonaria.
No es la primera vez que la estrategia acusatoria se les da vuelta a los fiscales. Florencio Randazzo también declaró que Cristina Kirchner nunca le dio instrucciones de favorecer a ningún empresario y que ningún empresario le confesó haber sido extorsionado. La fiscal Fabiana León, que convocó a estos testigos esperando reforzar la acusación, cosecha declaraciones que van en sentido contrario. El martes próximo están citados Betnaza y Zavaleta, quienes deberán enfrentar la confrontación directa con los dichos de Brizzio, un hombre que sigue en Techint mientras ellos ya dejaron sus cargos hace tiempo.
