El dolor por la pérdida de una mascota no justifica la violencia. Pero en La Calera, un médico veterinario lo aprendió de la peor manera: fue atacado físicamente por la pareja de la dueña de una perra que murió durante una cirugía de castración, y hoy tiene miedo de volver a su trabajo.
El profesional sufrió un corte en la cabeza como consecuencia de la agresión y, según trascendió, atraviesa ataques de ansiedad que lo mantienen alejado del consultorio. Lo que debía ser una intervención de rutina derivó en una situación que nadie debería vivir en el ejercicio de su profesión.
La muerte de una mascota es un golpe duro para cualquier familia. Los veterinarios lo saben mejor que nadie, y también saben que en toda cirugía existe un riesgo, por más mínimo que sea. Eso no convierte al profesional en un blanco. La violencia no es un recurso válido, y el hecho de que alguien haya decidido descargarse físicamente contra el médico habla de un límite que se cruzó sin vuelta atrás.
El caso tomó estado institucional cuando el Colegio Veterinario decidió presentarse como querellante en la causa judicial. Una señal clara: la agresión a un colega no es un asunto privado entre el profesional y el agresor, sino un ataque a toda la comunidad veterinaria.
La situación pone sobre la mesa un debate que viene creciendo en distintas profesiones de la salud: los trabajadores que atienden emergencias, realizan procedimientos de riesgo y conviven con resultados adversos son cada vez más vulnerables a reacciones violentas de quienes no aceptan esos resultados. Médicos, enfermeros, veterinarios: nadie debería salir lastimado por hacer su trabajo.
El agresor enfrenta ahora un proceso judicial. El veterinario, mientras tanto, intenta recuperarse no solo de la herida física sino del impacto emocional de haber sido atacado en el lugar donde eligió ejercer su vocación.
