Casi 2.500 envases vacíos de fitosanitarios tirados a la intemperie, sobre el suelo y la vegetación, sin habilitación ambiental, sin contención, sin respuesta del responsable. Eso encontraron las autoridades en un predio ubicado en la esquina de Tucumán y Urquiza, en Rosario del Tala, y lo que vino después fue clausura y una multa que supera los $44 millones.
La sanción quedó formalizada mediante la Resolución 464/2026 de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Todo arrancó por denuncias de vecinos que alertaron a la Municipalidad de Rosario del Tala sobre la situación irregular en ese inmueble. El municipio elevó el pedido a Ambiente, y la investigación administrativa no tardó en confirmar lo que los vecinos ya olían y veían: un depósito clandestino de residuos peligrosos sin ningún tipo de control.
El responsable del predio no tenía habilitación ambiental, no implementó medidas de contención, no se presentó a notificarse y tampoco aportó documentación para regularizar la situación. En pocas palabras: ignoró cada instancia que el Estado le ofreció para encuadrarse en la norma.
Ante la persistencia de las irregularidades, el 9 de abril de 2026 se ejecutó un operativo con fuerza pública. Por orden del Juzgado de Garantías y Transición de Rosario del Tala se allanó el inmueble y se retiraron 2.493 envases vacíos de agroquímicos. Los recipientes estaban almacenados a la intemperie, en contacto directo con el suelo y la vegetación, con riesgo concreto de infiltración de sustancias tóxicas hacia las napas de agua subterránea. A eso se sumaban olores persistentes y proliferación de plagas y roedores.
Los envases fueron trasladados a un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) y el retiro estuvo a cargo de la Asociación Civil Campo Limpio. Sin embargo, el operativo no resolvió todo: según precisó la Secretaría de Ambiente, en el predio todavía permanecen otros residuos peligrosos de categorías distintas a los envases de fitosanitarios, que el responsable tampoco retiró ni regularizó.
Fue esa persistencia lo que llevó a la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, a avanzar con la clausura completa del establecimiento. La multa aplicada asciende a $44.592.507 y debe abonarse en un plazo de 10 días hábiles. La sanción se encuadra en infracciones a la Ley Nacional 27.279, que fija los presupuestos mínimos para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. El expediente deja en claro que el margen para ignorar la normativa ambiental se está achicando, y que las consecuencias de hacerlo pueden ser costosas.
