Lo que muchos chicos hacían como si fuera un juego —mandar una foto comprometedora, amenazar con publicarla, hostigar por redes— a partir de septiembre próximo puede derivar en una defensa ante un tribunal. El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley N° 27.801, entra en vigencia ese mes y fija la responsabilidad penal desde los 14 años. El sistema específico para juzgar delitos cometidos por adolescentes ya fue publicado en el Boletín Oficial, diez días después de su aprobación en el Senado en marzo pasado.
Desde el área de cibercrimen, el especialista Fontaneto fue claro: muchas conductas que antes no se investigaban ni se perseguían penalmente, ahora sí podrán serlo. El ejemplo que puso no es menor: un chantaje en el que un adolescente pide dinero a cambio de no divulgar una foto comprometedora de otro. “Es una conducta delictiva y, a partir de ahora, tendrían que ir con un abogado a Tribunales a defenderse”, advirtió. La frase suena fuerte porque lo es.
El problema, según Fontaneto, es que ni los chicos ni los padres lo saben. “Mucho se habla del cibercrimen y la problemática de las redes que se viene, pero no se viene nada. Ya se vino hace tiempo”, señaló. Por eso insistió en la necesidad de que el Consejo General de Educación (CGE) tome la posta en la difusión, porque en los colegios muchos docentes y directivos se ven desbordados ante estas situaciones.
En ese marco se realizó una jornada de reflexión orientada a familias, estudiantes, docentes y equipos directivos, con el objetivo de construir colectivamente herramientas para abordar fenómenos como el ciberbullying, el grooming y la huella digital. Temas que ya no son futuristas: son el presente de cualquier escuela.
Por su parte, Clarisa Zalazar, coordinadora de políticas transversales del CGE, explicó que el organismo viene trabajando desde investigaciones realizadas el año pasado, de las que surgieron cuatro ejes prioritarios: ciberbullying y consumos digitales, ausentismo, ESI (Educación Sexual Integral) y salud mental y suicidios. La campaña arrancó en mayo y se extenderá durante todo 2026.
Zalazar fue enfática en que ningún eje tiene más peso que otro. “Decidimos salir a ocuparnos de las temáticas, acompañar a los docentes y directivos y pedimos la colaboración a las familias, sobre todo en el primer eje que es el consumo digital, que es lo que nos preocupa mucho”, remarcó. Sobre la situación de salud mental y suicidios, reconoció que es una problemática “muy sensible” y aclaró que el CGE no trabaja solo: articula con Salud, Defensoría, el Poder Judicial y la Policía para acompañar cada caso. Con la nueva ley penal juvenil a días de entrar en vigencia, la urgencia de llegar a tiempo con información clara a chicos y adultos se vuelve más concreta que nunca.
