El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acaba de ensancharse. El Gobierno nacional amplió la nómina de proyectos que pueden acceder a sus beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, y esta vez el foco cayó sobre dos sectores que venían reclamando un lugar en la mesa: el ferroviario y el tecnológico.
La nueva reglamentación habilita el ingreso al RIGI de proyectos vinculados a la construcción y renovación integral de vías, puentes y sistemas ferroviarios. No es un detalle menor: la infraestructura de trenes en Argentina acumula décadas de postergación, y cualquier señal que mueva inversión privada hacia ese sector merece atención, aunque también escepticismo hasta ver los primeros contratos firmados.
En el frente tecnológico, la ampliación incorpora nuevos productos bajo condiciones específicas que la reglamentación detalla. El régimen, que ya venía siendo uno de los ejes de la política económica del gobierno de Javier Milei, apunta a atraer capitales de gran escala con garantías de estabilidad jurídica y ventajas impositivas por plazos extendidos.
La pregunta que sobrevuela es si esta ampliación va a traducirse en inversiones concretas o si quedará como otro anuncio bien redactado en el Boletín Oficial. El RIGI tiene defensores que lo presentan como una herramienta transformadora y críticos que señalan que los beneficios son desproporcionados respecto a las obligaciones que asumen los inversores. El debate no está cerrado, y esta extensión del alcance del régimen le agrega más leña al fuego.
Lo que sí es claro es que el Gobierno apuesta a que el sector privado tome la punta en obras que históricamente dependieron del Estado. Si el ferroviario y el tecnológico responden a esa convocatoria, los próximos meses deberían mostrar los primeros movimientos.
