La cautelar que sacudió al sistema de comedores escolares de Entre Ríos tiene cada vez más respaldo judicial. El procurador General de la provincia, García, emitió un dictamen contundente: la medida dictada el 5 de agosto por el juez Juan Francisco Malvasio es, en sus propias palabras, “absolutamente necesaria y correcta”. Y ahora la decisión final queda en manos del Superior Tribunal de Justicia.
Todo arrancó con una acción de amparo presentada por padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce. El juez Malvasio, del Tribunal de Juicio y Apelaciones N° 9 de Paraná, ordenó al Gobierno provincial que se abstuviera de distribuir en las escuelas públicas productos alimenticios con sellos de advertencia o leyendas precautorias según la Ley de Etiquetado Frontal. Además, dispuso garantizar la provisión de productos sin esas marcas, bajo la modalidad que existía antes del sistema centralizado.
El Gobierno provincial apeló. Pero García frenó ese intento desde el arranque: según el artículo 15 de la Ley 8.369, modificado por la Ley 10.704, las medidas cautelares no están entre las resoluciones apelables, salvo excepciones expresamente previstas. El recurso, a su criterio, fue mal concedido.
Pero el procurador no se quedó solo en la cuestión procesal. Fue más lejos y puso el foco en los derechos en juego. Señaló que la cautelar está “debidamente motivada” y que resulta imprescindible porque lo que se debate es la tutela de derechos colectivos de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas provinciales, un colectivo al que definió como de “preferente tutela constitucional y convencional”.
García enumeró los derechos comprometidos: la vida, la salud, la alimentación, la protección integral de la infancia, la educación y la defensa de los usuarios. Y advirtió que una eventual afectación de esos derechos podría no tener reparación posterior: existe, dijo, “riesgo de imposible o dificultosa reparación ulterior”.
La conclusión del dictamen es directa: el STJ debería declarar “inadmisible por mal concedido” el recurso del Ejecutivo y mantener vigente la medida cautelar. Revocarla, sostuvo García, sería “irrazonable” porque dejaría sin tutela urgente a quienes más la necesitan.
Lo que el dictamen no resuelve es el fondo de la discusión: si el nuevo sistema de comedores escolares impulsado por el Gobierno provincial es o no compatible con la normativa vigente. Esa batalla más profunda sigue abierta. Por ahora, el siguiente movimiento es del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso y la suerte de la medida cautelar.
