El número lo dice todo: de 42 millones a más de 101 mil millones de pesos. Ese es el salto presupuestario que implicaría la iniciativa que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estaría impulsando para privatizar y centralizar el suministro de alimentos a las escuelas públicas provinciales. Los gremios docentes y estatales ya pusieron el grito en el cielo.
La denuncia fue articulada por AGMER, ATE y asociaciones de padres, que apuntan a un esquema que no solo cambiaría quién provee la comida, sino qué comida llega a los comedores escolares. Según las entidades, el proyecto reemplazaría alimentos frescos y de producción zonal por ultraprocesados, con el consiguiente impacto en la salud y el desarrollo de los chicos que dependen de esas raciones para alimentarse cada día.
El cuestionamiento no es menor: estamos hablando de niños y niñas de la provincia de Entre Ríos cuyo acceso a una comida digna quedaría subordinado a una licitación centralizada, lejos de los productores locales y cerca de las grandes cadenas de distribución. Para los gremios, eso tiene nombre: corrupción. No la corrupción de manual, la del funcionario que se queda con el vuelto, sino la que destruye sistemas de contención y deja a las familias más vulnerables sin red.
El contexto nacional agrega presión al análisis. La denuncia de la diputada Tolosa Paz sobre el pago a provincias a cambio de votos, y la investigación que lleva adelante Marcela Pagano, instalan un clima de sospecha institucional que se filtra hacia los gobiernos aliados al oficialismo nacional. Frigerio, hombre del PRO y cercano a la Casa Rosada, no queda ajeno a esa lectura.
Desde el gobierno provincial no trascendió hasta el momento un descargo formal ante las acusaciones gremiales. La otra parte, por ahora, no respondió. Lo que sí está claro es que los sindicatos no piensan bajar los brazos: la disputa por la mesa de los chicos entrerrianos recién empieza, y el número de 101 mil millones de pesos va a seguir siendo el centro de la pelea.
