El nuevo esquema laboral del Gobierno nacional tiene fecha de estreno: noviembre. Esta semana se publicaron dos normas clave que le dan forma concreta a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), creados por la Ley de Modernización Laboral. Una resolución del Ministerio de Economía definió en qué instrumentos pueden invertir estos fondos, y la Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la letra chica del mecanismo.
El objetivo declarado es claro: crear una caja de previsión financiera colectiva para hacer frente a indemnizaciones por despido, sin tocar el régimen resarcitorio vigente. Dicho en criollo, el FAL no reemplaza la indemnización de ley, sino que la empresa va acumulando mes a mes un fondo específico para ese fin. Alcanzará a cerca de 5,8 millones de asalariados del sector privado, quedando afuera el empleo público y el trabajo en casas particulares.
El esquema distingue entre grandes empresas y pymes. Las primeras aportan una alícuota del 1% de la masa salarial sujeta a aportes; las pymes, un 2,5%. Aunque la tasa de las pequeñas empresas es más alta, el mecanismo no implica una carga adicional neta: los fondos se deducen directamente de las contribuciones patronales al SIPA (ANSES) y se redirigen a la cuenta del empleador. Para las pymes, que en un 50% de los casos tienen solo uno o dos trabajadores, el FAL apunta a evitar que un despido imprevisto descapitalice el negocio.
Cada empleador tendrá una cuenta individual con su propio «ID FAL», con patrimonio separado e inembargable, blindado legalmente contra embargos. Además, el aporte es deducible en Ganancias desde el momento de su integración, las rentas que generen los fondos tampoco tributan, y los movimientos asociados están exentos del impuesto al cheque.
En cuanto a las inversiones permitidas, solo se podrá operar con instrumentos en pesos emitidos en el país. No hay topes para títulos públicos nacionales; se admiten bonos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires con doble calificación AAA; hasta un 20% en obligaciones negociables de empresas con igual calificación; plazos fijos con un máximo del 15% por entidad bancaria; y hasta un 10% en instrumentos atados al dólar (dollar-linked o duales). Los administradores deben mantener al menos un 10% en activos de disponibilidad inmediata.
La CNV habilitó dos estructuras bajo oferta pública: Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos y Fideicomisos Financieros (FF). Para agilizar el arranque, tramitarán bajo autorización automática. Las grandes corporaciones podrán armar fondos exclusivos a medida, mientras que las pymes se incorporarán a estructuras colectivas. La adhesión es obligatoria para todos los empleadores, aunque el uso efectivo de los fondos acumulados queda a criterio de cada empresa al momento de producirse una desvinculación.
