Tres años de prisión en suspenso y una restricción de acercamiento: esa fue la condena que recibió una docente en la provincia de Corrientes por exigirles dinero a dos de sus alumnas a cambio de aprobarlas en sus materias. Un caso que sacude al sistema educativo y que deja una pregunta incómoda sobre cuántas situaciones similares quedan sin denunciarse.
Según se estableció en el proceso judicial, la maestra condicionó la aprobación de las estudiantes al pago de sumas de dinero, convirtiendo el aula en un espacio de extorsión. Las víctimas se animaron a denunciar y la Justicia correntina les dio la razón: culpable, con pena privativa de la libertad de ejecución condicional.
Además de la condena penal, la docente deberá indemnizar económicamente a las dos alumnas afectadas y cumplir una restricción de acercamiento hacia ellas. La sentencia combina así el castigo penal con una reparación civil que reconoce el daño concreto causado a las víctimas.
El fallo es una señal clara: el vínculo pedagógico no puede ser terreno de abuso ni de negociado. La confianza que depositan los estudiantes en sus docentes es uno de los pilares del sistema educativo, y cuando esa confianza se corrompe de esta manera, el daño va mucho más allá de una materia aprobada o desaprobada. Las dos jóvenes que se atrevieron a denunciar pusieron en marcha un proceso que terminó con una condena histórica para este tipo de conductas en el ámbito escolar.
