Un juez frenó el nuevo sistema de provisión de alimentos en los comedores escolares entrerrianos. Más de 400 adhesiones respaldan la acción colectiva de amparo que logró que el magistrado Juan Francisco Malvasio suspendiera la entrega de productos con sellos de advertencia nutricional en desayunos y meriendas de las escuelas provinciales.
El abogado Pagliotto, impulsor del amparo, explicó que los productos que el gobierno provincial pretende incorporar al sistema de comedores colisionan directamente con la Ley Nacional N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como la Ley de Etiquetado Frontal. Esa norma advierte sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas totales y grasas saturadas. Pero hay más: el propio Consejo General de Educación (CGE), mediante la circular N° 5 del 7 de abril de este año, ya había dejado en claro que productos como medallones, patitas, hamburguesas, purés instantáneos, gelatinas, alfajores, gaseosas y jugos industriales están expresamente prohibidos en los desayunos escolares.
La pregunta que flota en el aire es incómoda: si el propio CGE lo prohibió en abril, ¿cómo terminó el gobierno provincial impulsando exactamente eso pocos meses después? La medida cautelar obtenida ordena que las escuelas sigan adquiriendo los alimentos en los comercios de la zona, el sistema descentralizado que rige desde hace años en Entre Ríos.
Valeria Enderle, directora ejecutiva de la Fundación Cauce, fue contundente: la modificación que propone el gobierno es “inaceptable” porque está prohibida por ley nacional. “Los alimentos reales son los que no dañan la salud de ningún niño o de ninguna niña”, subrayó, recordando que la pirámide jurídica no deja margen de interpretación: la ley nacional rige en todo el territorio.
La abogada de AGMER, Verónica Fischbach, sumó otro ángulo: la modificación se impulsó sin consultar a las familias, algo que tanto la Constitución Nacional como la provincial exigen cuando se trata de decisiones que involucran la educación y la alimentación de niños y adolescentes. “Son la población más vulnerable que necesita la alimentación. Para ellos es imprescindible, y no cualquier tipo de alimentación”, remarcó.
El secretario general de AGMER Central, Abel Antivero, reconoció que el sistema actual tiene deficiencias, pero sostuvo que el gobierno tiene las herramientas para corregirlas sin necesidad de avanzar hacia la tercerización de los comedores. Esa tercerización, precisamente, es el núcleo del conflicto: la posibilidad de que empresas privadas provean los alimentos, con todo lo que eso implica en términos de calidad, control y costos. El amparo sigue su curso mientras la Justicia deberá resolver la cuestión de fondo.
