El sistema de prevención del lavado de activos en los Registros de la Propiedad Inmueble tiene fecha de vencimiento para sus viejas reglas: el 8 de noviembre de 2026 entra en vigor la Resolución UIF N°93/2026, que reemplaza normativa que lleva más de una década vigente y que, según las propias autoridades, ya no alcanza para responder a los estándares actuales.
La presentación estuvo encabezada por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Alvarez, junto a referentes del Ministerio de Justicia y del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble. El mensaje fue claro: el régimen de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva —el combo que en la jerga se abrevia LA/FT/FP— necesitaba una puesta a punto urgente.
La nueva normativa incorpora un sistema de prevención basado en riesgos, actualiza los mecanismos de monitoreo y detección de operaciones sospechosas, y simplifica una parte del papeleo administrativo al eliminar requisitos formales que ya pueden verificarse por fuentes oficiales. También renueva los Reportes Sistemáticos que los Registros de la Propiedad deben remitir periódicamente a la UIF. No es un cambio cosmético: es una reingeniería del esquema preventivo que aplica a todos los registros del país.
Para llegar a esta resolución, la UIF trabajó en conjunto con el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, recogiendo la experiencia de los distintos organismos provinciales. Ese proceso de consulta —poco frecuente en la elaboración de normativa regulatoria— fue destacado por las propias autoridades como un factor clave para que la implementación tenga chances reales de funcionar en la práctica y no quede como letra muerta.
En el encuentro también se subrayó la necesidad de sostener instancias de capacitación continua para el sector, un punto que suele quedar relegado cuando se lanzan nuevas regulaciones. La resolución deroga el artículo 12 de la Resolución UIF N°70/2011 y la totalidad de la Resolución UIF N°41/2011, dos normas que venían rigiendo el sistema desde hace más de quince años. Los registros de todo el país tienen tiempo hasta noviembre para adecuarse al nuevo esquema.
