Una sola frase del vocero presidencial Adrián Ravier abrió un frente judicial, político y municipal que el Gobierno de Javier Milei no esperaba. Al ser consultado por un medio de La Pampa, su provincia natal, Ravier reconoció sin rodeos que una parte de los fondos del impuesto a los combustibles destinados por ley al mantenimiento de rutas nacionales no fue a las rutas: fue al Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal.
El fondo en cuestión es el Sistema Vial Integrado (SISVIAL), un fideicomiso que capta parte del impuesto a los combustibles con un único objetivo legal: construir y mantener la red vial nacional. De un total recaudado de 1,5 billones de pesos, solo se ejecutó cerca de una cuarta parte para ese fin. El resto quedó inmovilizado. Ravier lo dijo sin eufemismos: “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”.
La diputada peronista Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal que especifica la cifra exacta desviada: $1.001.017.908.957. Según el escrito, ese dinero fue colocado en plazos fijos en el Banco Nación y en letras del Tesoro (LECAP y LECER). La denuncia apunta contra el ministro Luis Caputo, autoridades de Vialidad Nacional y del Banco Nación, y pide investigarlos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad. El argumento central es que se priorizó la “mesa de dinero” sobre la seguridad vial, mientras obras comprometidas permanecen paralizadas y la red vial exhibe un deterioro que la propia diputada calificó de “calamitoso”.
El frente judicial no se limita a esa denuncia. El 31 de julio, el Juzgado Federal de Venado Tuerto, en Santa Fe, hizo lugar a una acción de amparo por el estado “crítico e intransitable” de tramos de las Rutas Nacionales 33, 8 y 7. El juez federal Aurelio Cuello Murúa fue contundente: la falta de mantenimiento no se debe a falta de recursos, sino a la omisión deliberada de autorizaciones presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte. La resolución ordenó “la inmediata y urgente reparación integral” de esas rutas.
Desde los municipios, la reacción también fue inmediata. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, apuntó directo: “El impuesto para las rutas no se gasta en las rutas, se invierte en plazos fijos y títulos para sostener el equilibrio fiscal”. Y agregó un dato que duele especialmente en La Pampa: la provincia recibió apenas el 0,05% de los fondos, ubicándose última en el ranking de distribución provincial.
La confesión de Ravier, lejos de cerrar el debate, lo abrió de par en par. Ahora el Gobierno deberá responder ante la Justicia si el superávit fiscal justifica desviar fondos con destino legal específico, mientras rutas en mal estado siguen cobrando vidas en todo el país.
