La tierra no es una mercancía. Eso dice UPCN Entre Ríos, y lo dice fuerte. El sindicato de trabajadores estatales emitió un documento de rechazo al proyecto que propone modificar la legislación vigente sobre propiedad de tierras rurales en manos extranjeras, una iniciativa que, según el gremio, «debilita los mecanismos de protección de uno de los bienes más estratégicos que posee nuestro país».
El comunicado no deja margen para la ambigüedad: UPCN Entre Ríos se opone a cualquier iniciativa que amplíe los límites a la extranjerización del suelo argentino o elimine los controles sobre su venta. La posición se alinea con la que ya asumió el Secretario General de la confederación nacional, Andrés Rodríguez, y con la de la Confederación General del Trabajo, que también rechazó el proyecto.
El argumento central del gremio es político y estratégico antes que económico. Argentina, señalan, posee algunas de las mayores reservas de agua dulce del planeta, recursos energéticos, biodiversidad única y minerales críticos que hoy son objeto de disputa geopolítica global. En ese contexto, reducir la discusión a una ecuación financiera sería, en palabras del sindicato, «un grave error». «El ingreso de capitales nunca puede transformarse en el único parámetro para definir políticas públicas cuando está en juego el control sobre recursos que pertenecen a toda la comunidad nacional», sostiene el texto.
Uno de los puntos más filosos del documento apunta directamente a la estrategia de presentar la propuesta como moderada por reducir porcentajes: «La soberanía no se negocia en términos estadísticos. No alcanza con modificar límites numéricos para disipar una preocupación que es política, estratégica y profundamente ética». Dicho de otro modo: cambiar los números no cambia el problema de fondo.
La legislación que se busca modificar nació, recuerdan desde UPCN Entre Ríos, con un objetivo preciso: preservar la soberanía sobre los recursos naturales y establecer límites razonables para resguardar el patrimonio del suelo argentino. Una decisión que, según el gremio, no respondió a una mirada ideológica circunstancial sino a una concepción de Estado que entiende la tierra como un activo estratégico para el desarrollo presente y futuro de la Nación.
El sindicato convoca a involucrarse activamente en el debate y se suma a la voz de sectores políticos, sociales, académicos y productivos que rechazan el proyecto. La advertencia final es contundente: la independencia económica es uno de los pilares de la soberanía política y la justicia social, y no puede existir un proyecto nacional sólido si se resigna el control sobre los recursos estratégicos del territorio.
