La tierra no es una mercancía, dicen las diputadas. Y lo pusieron por escrito. Un grupo de legisladoras del bloque justicialista de Entre Ríos presentó un proyecto de declaración para expresar su «más enérgico repudio y profunda preocupación» por el proyecto de ley «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional bajo el expediente PE-13/26.
La iniciativa fue encabezada por la diputada Silvia del Carmen Moreno y lleva las firmas de Lorena Arrozogaray, Silvia Mariel Ávila, Silvina Deccó, María Laura Stratta y Andrea Zoff. En el texto, sostienen que la reforma «lesiona gravemente la soberanía nacional», debilita los controles fronterizos, dificulta la infraestructura de interés público y quita protección a los bienes naturales estratégicos y los recursos hídricos del país.
El proyecto oficial apunta a modificar tres normas clave: la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Sobre la primera, las legisladoras advierten que se incrementarían los límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y se flexibilizarían las restricciones en zonas de seguridad de frontera y áreas ribereñas. Un dato que, para una provincia como Entre Ríos, con sus humedales, cursos de agua dulce y el Acuífero Guaraní en juego, no es un detalle menor.
Uno de los puntos más polémicos es la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Actualmente, los terrenos afectados por incendios tienen prohibida durante 30 y 60 años la venta, el loteo, el desarrollo inmobiliario y el cambio de uso del suelo. El proyecto nacional eliminaría esas restricciones. Las diputadas lo dicen sin rodeos: eso favorecería la especulación inmobiliaria y extractiva sobre superficies incendiadas. Dicho de otro modo, prendés fuego y después construís. La lógica que la ley vigente intentó frenar.
En cuanto a la Ley de Expropiaciones, el proyecto oficial establece una interpretación más restrictiva de la utilidad pública, exige mayores fundamentos para justificar las expropiaciones e incorpora el lucro cesante dentro de la indemnización a propietarios. Para las legisladoras, eso encoge el margen del Estado para actuar sobre tierras de interés estratégico.
Las autoras también rechazan el argumento de que las modificaciones introducidas durante el debate parlamentario cambian el fondo del asunto. «Las variantes o retiros parciales de articulado operados durante el debate parlamentario no cambian el fondo de la cuestión», sostienen, y piden el rechazo de la iniciativa «en su conjunto».
El cierre político del documento es contundente: «la tierra no es un simple activo financiero ni una mercancía prescindible; la tierra es soberanía, es alimento, es arraigo y es el hogar de las futuras generaciones». Y advierten que avanzar con esta reforma significa «hipotecar el futuro de la Nación» al dejar recursos estratégicos bajo la influencia de intereses privados y capitales extranjeros. El proyecto de declaración fue presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos y queda a la espera de tratamiento en el cuerpo legislativo provincial.
