La Justicia frenó en seco, aunque de manera provisoria, el nuevo esquema de provisión de desayunos y meriendas en las escuelas entrerrianas. Pero el Gobierno de Entre Ríos no bajó los brazos: este miércoles anunció que apelará la medida cautelar y ratificó que el servicio alimentario continuará sin interrupciones en todos los establecimientos educativos de la provincia.
La resolución judicial se dictó en el marco de un amparo colectivo impulsado por Agmer y la Fundación Cauce, que cuestionan la implementación del nuevo sistema de compra y distribución de alimentos. Desde la Fiscalía de Estado se apresuraron a aclarar que no se trata de una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, sino de una medida provisoria adoptada mientras el proceso judicial avanza. De hecho, el plazo para contestar la demanda vence recién este viernes, lo que ubica la causa en una etapa inicial.
El dato concreto que el Gobierno quiere que quede claro es este: la cautelar no cambia nada en las aulas. Desde el inicio del proceso, el Ejecutivo provincial instruyó a los directores de todos los colegios para que, mientras el nuevo sistema terminaba de ponerse en marcha, siguieran garantizando la alimentación con el mecanismo anterior. En otras palabras, los chicos van a seguir desayunando y merendando en sus escuelas.
La defensa del nuevo esquema no es solo técnica. El comunicado oficial apunta directo a la política de fondo: el sistema fue diseñado, según el Gobierno, para fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos del Estado, mejorar los mecanismos de compra y distribución, y terminar con prácticas que durante años generaron cuestionamientos y denuncias por irregularidades. Una acusación velada pero clara hacia la gestión del sistema anterior.
La provincia presentará ante la Justicia los argumentos técnicos y jurídicos que, a su criterio, respaldan la legalidad del nuevo esquema. El debate de fondo recién empieza y promete ser largo. Lo que está en juego no es solo cómo se compran las galletitas o la leche de los alumnos entrerrianos, sino quién controla esa cadena y con qué nivel de transparencia. El proceso judicial definirá si el camino elegido por el Ejecutivo provincial se ajusta a derecho.
