El debate explotó en el Concejo Deliberante y dejó al descubierto una grieta profunda sobre el nuevo sistema de comedores escolares impulsado por el gobierno provincial. La discusión no fue técnica ni serena: fue un cruce político con nombres, números y acusaciones cruzadas.
La presidenta del bloque del PJ, Amiano, abrió el fuego recordando que el dictamen por minoría que terminó siendo rechazado no nació de la nada: lo respaldaron el CCISC (Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia), el CONUER (Colegio Profesional de Nutricionistas de Entre Ríos), directivos escolares y familias. Todos con la misma preocupación: la compra centralizada a una empresa externa y la llegada de productos ultraprocesados a las escuelas, algo que, según esos sectores, implica un retroceso nutricional y viola las normativas de etiquetado vigentes.
El argumento económico también pesó. Amiano señaló que las compras para abastecer los comedores pasaron de $22.000 millones a $42.000 millones, destinados a una firma que no es entrerriana. “Son fondos que se duplican y que no van a quedar en la provincia”, disparó, y agregó que esa decisión “debilita la economía entrerriana” al excluir a proveedores locales que podrían haber sido parte del esquema.
Sobre la transparencia del proceso, la edil fue directa: “¿Por qué hay que solicitar un pedido de información de semejante magnitud respecto de los fondos cuando el procedimiento está hecho con transparencia?”, se preguntó, subrayando que la falta de acceso espontáneo a la documentación fue una señal de alerta. También rechazó que se pusiera bajo sospecha a los equipos directivos por discrepancias en los menús. “No aceptamos que se ponga bajo la lupa de la sospecha a miles de docentes”, dijo, y recordó que durante años fueron ellos quienes sostuvieron los comedores con compromiso.
El dato más filoso lo trajo Amiano al mencionar el caso de Silvina Murua, excoordinadora departamental de comedores escolares de Concordia, imputada desde mayo por peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, con un perjuicio estimado en más de $100 millones que afectó a 37 comedores. “Cuando menos debería temblarle un poco la voz cuando acusa a directivos y docentes cuando tiene una funcionaria de su gobierno imputada”, señaló.
La respuesta del edil oficialista Sastre fue contundente en otro sentido: para él, detrás de todas las voces críticas hay un solo actor. “No es cierto que haya diferentes sectores; hay un solo sector. Es el justicialismo”, afirmó, y acusó al PJ de haber “copado instituciones” para operar con distintos sellos: sindicatos, ONG, colegios profesionales. “Son las mismas personas que se disfrazan”, dijo, y calificó la estrategia de coordinada y deliberada. Respecto de Murua, Sastre defendió al gobierno provincial argumentando que fue el propio Ejecutivo el que realizó la denuncia y habilitó la investigación judicial que hoy tiene proceso penal en curso.
El cruce dejó en evidencia que el nuevo sistema de comedores escolares no es solo una discusión técnica sobre menús y proveedores: es también un campo de batalla político donde se disputan la transparencia del Estado, el destino de fondos públicos millonarios y la reputación de miles de trabajadores de la educación.
