Sin los votos y con el agua al cuello, el Gobierno nacional tomó una decisión que pocos esperaban tan rápido: retiró el capítulo más polémico de su proyecto de ley de propiedad privada antes de que la sesión del jueves 6 de agosto terminara en un papelón legislativo.
El punto que encendió todas las alarmas era la modificación de la Ley 26.737, la norma que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta original del Ejecutivo eliminaba buena parte de las restricciones vigentes, abriendo la puerta a una flexibilización que despertó rechazo en un arco político inusualmente amplio: gobernadores, senadores de distintos bloques e incluso aliados habituales de La Libertad Avanza.
La presión vino desde varios frentes a la vez. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue contundente: su provincia no acompañaría ninguna iniciativa que favoreciera la extranjerización de la tierra. El tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua transmitieron la misma instrucción a sus senadores. Votar en contra del capítulo de tierras, sin vueltas. A eso se sumó la postura de senadores dialoguistas que también anticiparon su rechazo, dejando al oficialismo sin margen para sostener el texto original.
El resultado fue matemático: los números no cerraban. El tratamiento de la ley ya había sido postergado en varias oportunidades por falta de acuerdos, y en la última sesión previa al receso legislativo el Gobierno tuvo que aceptar un cuarto intermedio precisamente porque no lograba reunir los votos para aprobar ese capítulo.
El proyecto, en lo que sobrevivió al recorte, introduce modificaciones en materia de expropiaciones, registros de la propiedad y procedimientos para desalojos, aspectos que el Ejecutivo considera centrales para reforzar la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, la discusión sobre la venta de tierras rurales a extranjeros terminó concentrando todo el debate político y amenazaba con hundir la iniciativa completa.
Con el retiro del capítulo conflictivo, el Gobierno apostó a salvar lo que queda del proyecto antes de que la sesión del jueves se convierta en otra derrota. La ley de propiedad avanza, pero sin el artículo que más le importaba a la Casa Rosada en materia de apertura al capital extranjero sobre suelo productivo argentino.
