El Gobierno de Entre Ríos no se quedó quieto. Frente a la medida cautelar que suspendió la distribución de alimentos con sellos de advertencia en desayunos y meriendas escolares, la administración provincial confirmó que apelará el fallo y que el servicio alimentario seguirá funcionando con normalidad mientras el expediente avanza por la vía judicial.
La decisión judicial había generado incertidumbre sobre la continuidad del servicio en los comedores escolares de la provincia. Desde el Ejecutivo salieron rápido a despejar dudas: la prestación no se interrumpe, y la pelea legal recién empieza.
La cautelar apuntaba específicamente a productos que llevan octógonos de advertencia nutricional, esos sellos negros que advierten sobre exceso de azúcar, sodio o grasas. La suspensión de su distribución en el ámbito escolar es el nudo del conflicto: el gobierno entiende que la medida afecta la operativa del sistema y que hay argumentos jurídicos para revertirla.
Lo que está en juego no es menor. Los comedores escolares son, para miles de chicos entrerrianos, la comida garantizada del día. Cualquier interrupción, por más breve que sea, tiene un impacto directo en los sectores más vulnerables. Por eso la postura oficial de no detener el servicio mientras se litiga es, al menos en términos prácticos, la más razonable.
El proceso judicial seguirá su curso en los próximos días, con la apelación provincial como próximo paso formal. La resolución definitiva quedará en manos de la Justicia entrerriana, que deberá definir si la cautelar se sostiene o cae.
