Una bomba política estalló en Colombia. El presidente Gustavo Petro convocó a una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales para ampliar sus denuncias sobre lo que calificó como un fraude electoral algorítmico y sistemático en los recientes comicios presidenciales.
Según Petro, la irregularidad habría alterado los resultados de aproximadamente siete millones de votos, lo que habría permitido imponer como presidente a Abelardo de la Espriella en lugar del verdadero ganador, según su versión: Iván Cepeda. El mandatario fue categórico: desconoció la legitimidad de la elección y no dejó margen para la ambigüedad.
El núcleo técnico de la denuncia apunta a la eliminación de los candados de seguridad, los llamados códigos hash, en los formularios E-14 cargados al sistema electoral. Petro explicó que esos documentos, que debían ser inalterables, terminaron convertidos en archivos modificables una vez finalizada la votación, en violación de tratados internacionales y leyes nacionales.
«Los 120.000 documentos electorales no tienen el candado hash de seguridad para que no sean modificables. El Registrador mintió a la ciudadanía al decir que había un candado: es un simple código para detectar cada formulario, no un mecanismo que impida su modificación», afirmó el presidente colombiano durante la conferencia.
Petro también denunció que la Registraduría Nacional presentó códigos alfanuméricos como si fueran medidas de protección efectivas, cuando en realidad solo servían para identificar los formularios, no para blindarlos. A eso sumó otra acusación grave: el incumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ordenaba que el software electoral debía ser propiedad del Estado y no estar sujeto a manipulación por actores externos o privados.
La crisis política en Colombia se profundiza con cada declaración. Si las denuncias de Petro tienen sustento técnico verificable, el país sudamericano enfrenta una de las mayores crisis institucionales de su historia reciente. Si no lo tienen, el presidente saliente protagoniza una maniobra de desestabilización de proporciones inéditas. En cualquiera de los dos escenarios, lo que está en juego es la legitimidad del sistema democrático colombiano.
