El reloj corre y los jubilados de Concordia lo sienten. Si el Sanatorio Concordia cumple con su anuncio y rescinde el convenio con PAMI a partir del 1° de septiembre, unos 15.000 afiliados quedarían sin su principal prestador privado de salud. La situación llegó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde un grupo de legisladores del bloque justicialista decidió dar la voz de alarma.
La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Silvia Mariel Ávila y lleva las firmas de Lorena Arrozogaray, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Silvina Soledad Deccó y Yari Demian Seyler. El proyecto de declaración pide medidas urgentes para garantizar la continuidad de la atención de miles de jubilados y pensionados de la ciudad y la región.
El disparador no fue solo político: la presentación surgió de una nota elevada por integrantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Plaza 25 de Mayo de Concordia, quienes trasladaron a los legisladores la incertidumbre que viven ante la posible interrupción de las prestaciones médicas. También pesaron las reuniones con autoridades de la Unidad de Gestión Local XXXIV de PAMI, donde los propios afiliados expusieron las dificultades que ya se registran en el acceso a distintos servicios.
Porque el problema no es futuro: según los fundamentos del proyecto, desde mayo ya se vienen registrando restricciones en consultas con especialistas, cirugías programadas y determinadas atenciones de guardia. El Sanatorio, por su parte, atribuye esa tensión al atraso en la actualización de los aranceles, que habría generado un fuerte desequilibrio económico para los prestadores. Sin recomposición de valores arancelarios, la institución advirtió que no puede seguir.
El escenario que los diputados quieren evitar es tan simple como preocupante: si el principal prestador privado se va del sistema, el sistema público de salud provincial podría recibir una derivación masiva de pacientes mayores, comprometiendo la capacidad de respuesta de los hospitales públicos de toda la región. No es un problema de Concordia solamente: el impacto alcanzaría a beneficiarios de localidades vecinas.
Los legisladores reconocen en el texto que la administración de PAMI es competencia del Estado nacional, pero sostienen que la Legislatura entrerriana tiene el deber de expresar institucionalmente su preocupación. En los fundamentos invocan la jerarquía constitucional del derecho a la salud y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El proyecto exhorta a las autoridades nacionales a garantizar la continuidad de las prestaciones, promover instancias de negociación con los prestadores y evitar que las personas mayores vean vulnerado su acceso efectivo a la salud. La pelota, entonces, queda en la cancha del gobierno nacional.
