El Gobierno nacional eligió el camino del control y la amenaza ante el paro docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto: enviará inspectores a las escuelas de todo el país y advierte con aplicar sanciones si los sindicatos no garantizan el piso mínimo de servicio educativo.
El anuncio llegó a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello. Según el texto oficial, la supervisión estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, amparada en la Ley N.º 27.802, que declara a la educación como servicio esencial. La norma exige que los sindicatos garanticen al menos el 75% de la prestación habitual del servicio durante cualquier medida de fuerza.
El comunicado advierte que, en caso de detectarse incumplimientos, «se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan». Sin embargo, el Gobierno no precisó cuáles serían esas penalidades ni cómo se implementarían. Mucha amenaza, pocos detalles.
Del otro lado del mostrador, los sindicatos no van a la huelga por capricho: CTERA y las organizaciones que adhieren a la medida, entre ellas AGMER en Entre Ríos, reclaman la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición salarial real y más recursos para el sistema educativo. Son demandas que llevan meses sin respuesta concreta del Ejecutivo.
El Gobierno intentó equilibrar el mensaje: reconoció que la administración de las escuelas es responsabilidad de las provincias, pero se posicionó como garante del derecho a la educación y exhortó a «todos los agentes del sistema educativo» a cumplir con la normativa y priorizar el acceso de niños y jóvenes a las aulas. Los sindicatos, en cambio, denuncian que la declaración de la educación como servicio esencial y el despliegue de inspectores constituyen un avance sobre el derecho constitucional de huelga.
La tensión entre el Ejecutivo y los gremios docentes lleva meses instalada. El lunes será una nueva prueba de fuego: mientras el Gobierno apuesta al control y la presión normativa, los docentes de todo el país sostienen que sin paritaria y sin FONID, la protesta es la única herramienta que les queda.
