Treinta años sin tocar una sola coma. Eso es lo que acaba de terminar: el Gobierno nacional acaba de desregular el régimen de practicaje y pilotaje, uno de esos sectores que operaba bajo reglas fosilizadas desde hace más de tres décadas, con todo lo que eso implica en términos de costos, trabas y falta de competencia.
La medida apunta a eliminar barreras regulatorias que encarecían la operatoria portuaria y a promover una mayor competencia entre los prestadores del servicio. El practicaje y el pilotaje son actividades clave en la navegación: son los profesionales que guían a los buques en zonas de acceso complejo, como canales, puertos y ríos de navegación delicada. Que ese servicio esté concentrado y sin competencia real tiene un impacto directo en los costos del comercio exterior.
La actualización normativa busca que más prestadores puedan operar en el mercado, rompiendo con un esquema que, según el propio Ejecutivo, generaba sobrecostos innecesarios para el sector naviero y, por extensión, para toda la cadena logística del comercio argentino. Para una provincia como Entre Ríos, con salida fluvial al río Uruguay y actividad portuaria en varios puntos de la costa, cualquier modificación en los costos de la navegación comercial tiene relevancia directa.
La desregulación se enmarca en la política general del gobierno de Javier Milei de reducir regulaciones en sectores que considera sobreintervenidos por el Estado. En este caso, el argumento central es la reducción de costos para hacer más competitiva la logística nacional, especialmente en un contexto donde el comercio exterior es uno de los pilares del esquema económico oficial.
La implementación concreta de los cambios y su impacto real sobre las tarifas del sector serán los datos que permitirán evaluar si la desregulación cumple con lo prometido o si, como ocurre en otros casos, los beneficios quedan atrapados en la cadena antes de llegar al usuario final.
