Los celulares de Gustavo Bordet y Mariel Ávila siguen secuestrados, pero nadie los va a abrir por ahora. Esa es, en síntesis, la resolución que dejó la audiencia de apelación celebrada este martes en los Tribunales de Concordia, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al exgobernador y actual diputado nacional y a la diputada provincial entrerriana.
El vocal Aníbal Lafourcade hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa y dispuso suspender la apertura de los dispositivos hasta que tanto la Cámara de Diputados de la Nación como la Cámara de Diputados de Entre Ríos otorguen la autorización correspondiente. Sin embargo, rechazó el pedido de devolución: los teléfonos continúan en poder de la Justicia.
El argumento de la defensa, encabezada por el abogado Jorge Esteban Romero, fue que los dispositivos no solo guardan información personal sino también comunicaciones y documentación vinculadas al ejercicio de los mandatos legislativos de ambos imputados. Eso, según la defensa, exige la venia de las cámaras antes de que cualquier perito meta mano en el contenido.
La resolución de Lafourcade modifica parcialmente el criterio que había adoptado semanas atrás el juez de Garantías Ives Bastián, quien había rechazado el planteo defensor. Bastián había señalado que Bordet y Ávila consintieron expresamente los allanamientos, entregaron voluntariamente sus celulares y hasta facilitaron las claves de acceso, por lo que consideró contradictorio que luego intentaran bloquear la extracción de información.
Antes de resolver el fondo, Lafourcade también declaró inadmisible la recusación presentada por la defensa contra el fiscal José Emiliano Arias, quien continuará al frente de la causa.
El contraste más llamativo de la jornada no estuvo en el expediente sino en los dichos públicos del propio Bordet. Tras los allanamientos de mayo, el exgobernador había asegurado que no se amparó en sus fueros, que accedió voluntariamente a los procedimientos y que iba a seguir «colaborando con la Justicia y defendiendo su buen nombre». La apelación judicial que sus abogados sostienen en paralelo genera, al menos, una tensión entre ese discurso y la estrategia procesal elegida.
La causa queda ahora en un compás de espera institucional: la apertura de los celulares depende de lo que resuelvan dos cuerpos legislativos, un trámite que no tiene plazo definido y que puede extenderse en el tiempo.
