Una pasada de escoba, dicen. El Gobierno nacional anunció la derogación de 122 normas del sistema de riesgos del trabajo, en el marco de la política de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.
Fue el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado el que informó la medida: la Superintendencia de Riesgos del Trabajo identificó ese conjunto de resoluciones y disposiciones que, según la cartera, resultaban obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica en el sistema vigente.
La iniciativa se inscribe en el proceso más amplio de revisión normativa que el Ejecutivo viene ejecutando desde su llegada al poder, con el argumento de simplificar el Estado y reducir la carga burocrática sobre empresas y organismos. La pregunta que queda abierta es si entre esas 122 normas eliminadas había alguna que, aunque vieja o redundante en apariencia, todavía cumplía alguna función de resguardo para los trabajadores.
El sistema de riesgos del trabajo es uno de los más sensibles del entramado laboral argentino: regula las condiciones de seguridad, las coberturas ante accidentes y enfermedades profesionales, y los derechos de quienes sufren daños en el ejercicio de su actividad. Cualquier modificación en ese esquema tiene impacto directo sobre millones de trabajadores en todo el país.
Por ahora, el Gobierno sostiene que la depuración normativa no afecta derechos adquiridos ni coberturas vigentes, sino que apunta exclusivamente a limpiar el cuerpo regulatorio de normas que ya no tenían efecto real. La implementación concreta de la medida, y su alcance sobre los trabajadores, se irá verificando en los próximos meses.
