Un plazo de 24 horas y una amenaza sin firma conocida. Eso es lo que recibió la empresa de transporte Los Rojitos, en San Juan de Miraflores, Perú, de parte de una banda criminal que exige contacto o promete represalias. El mensaje extorsivo reavivó el miedo entre conductores y pasajeros en un sector que ya viene siendo golpeado sin pausa.
Lo que más inquieta no es solo la nueva amenaza: es el contexto en el que llega. Según revelaron los propios trabajadores, muchos de ellos ya vienen pagando entre 50 y 70 soles por semana a organizaciones criminales para evitar ataques. Y no a una sola banda, sino a dos, tres, cuatro o hasta cinco grupos distintos de manera simultánea. La nueva organización que envió el ultimátum pretende sumarse a esa lista de extorsionadores.
El cuadro es tan grave como sistemático. Las unidades de la empresa circulan con stickers adheridos por los propios delincuentes, una suerte de marca territorial que permanece visible desde hace semanas sin que nadie los haya retirado ni las investigaciones hayan avanzado para identificar a los responsables. Los afectados denunciaron que, hasta ahora, no hay ningún detenido ni ninguna pista concreta.
Los conductores advierten que la situación está llegando a un punto de quiebre económico. Las exigencias constantes reducen sus ingresos al punto de volver inviable la actividad, y muchos de ellos dependen exclusivamente de ese trabajo para sostener a sus familias. ¿Cuánto más puede aguantar un chofer que trabaja para cinco bandas antes de tirar la toalla?
Pero el problema no se detiene en los trabajadores. Cada día, decenas de pasajeros usan las unidades de Los Rojitos para moverse por distintos puntos de la ciudad. En ataques anteriores, los disparos de los delincuentes alcanzaron el interior de los vehículos, impactando zonas donde viajan civiles. Personas completamente ajenas al conflicto terminaron siendo víctimas colaterales de una guerra entre bandas y empresas de transporte.
Conductores y usuarios reiteraron su reclamo a las autoridades: identificar a los responsables, desarticular las organizaciones extorsivas y reforzar la seguridad en las rutas. Mientras tanto, la empresa Los Rojitos enfrenta el reloj corriendo y una decisión que no debería tener que tomar ningún trabajador del transporte público.
