Los números no mienten, y estos duelen. En el primer semestre del año, 90.634 trabajadores formales despedidos comenzaron a cobrar el seguro de desempleo en la Argentina, una cifra que representa un 27,4% más que en el mismo período de 2025. No es una estadística fría: detrás de cada alta hay una familia que perdió su ingreso principal.
El salto interanual es significativo y merece ser leído con atención. Que en seis meses se hayan sumado casi 91.000 nuevos beneficiarios al sistema de prestaciones por desempleo habla de un mercado laboral formal que sigue cediendo terreno. La tendencia no es nueva, pero la aceleración sí genera alarma.
Los sectores más golpeados fueron los de siempre cuando la economía aprieta: la industria, el comercio y la construcción. Tres pilares del empleo registrado en el país que, combinados, concentraron la mayor parte de los despidos contabilizados durante el período. Son justamente los rubros que más empleo generan en ciudades intermedias como las del noreste entrerriano, donde una fábrica cerrada o una obra parada se siente en toda la cadena.
El seguro de desempleo es una prestación a la que acceden los trabajadores en relación de dependencia que pierden su trabajo de manera involuntaria y que cumplen con los requisitos de aportes previos. No alcanza a los trabajadores informales, que quedan directamente fuera de cualquier red de contención formal. En un país donde la informalidad laboral sigue siendo estructural, el dato de las 90.000 altas es apenas la punta del iceberg.
El dato del primer semestre de 2026 se suma a un contexto de ajuste que el gobierno nacional viene sosteniendo como política central. La pregunta que queda abierta es si el mercado laboral tiene capacidad de absorber a estos trabajadores en el corto plazo, o si el seguro de desempleo seguirá engordando sus registros mes a mes hasta que la economía encuentre un piso real.
