La pregunta es sencilla pero incómoda: ¿cómo se adjudicó el contrato para abastecer de alimentos a casi mil comedores escolares de Entre Ríos? Eso es exactamente lo que quiere saber el abogado y referente de UCR Activa, Rubén Pagliotto, quien presentó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido al gobierno provincial.
El escrito comprende 24 puntos y apunta al núcleo del asunto: el expediente completo mediante el cual se tramitó la contratación de Teknofood S.A. y la modalidad jurídica utilizada para seleccionarla. Pagliotto quiere saber si hubo licitación pública, licitación privada, concurso de precios, contratación directa u otro mecanismo. Y si fue contratación directa, exige que se identifique la causal legal que la habilitó.
El pedido no se queda en lo formal. También reclama copia íntegra del acto de adjudicación, los dictámenes jurídicos previos y la intervención de organismos de control como la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. Además, pide acceso a los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, protocolos nutricionales, informes bromatológicos y certificados de calidad que se hayan utilizado para evaluar la contratación.
Otro punto sensible: los mecanismos de control del contrato. Pagliotto pregunta cómo se fiscalizará la calidad nutricional de los alimentos, las condiciones de inocuidad y cuáles son las sanciones o causales de rescisión ante incumplimientos. También quiere conocer los antecedentes comerciales, financieros y contractuales de Teknofood S.A. como proveedora del Estado provincial, y si el Gobierno realizó alguna evaluación antes de seleccionarla.
El contexto no es menor. El anuncio del nuevo sistema de provisión llegó mientras proveedores de Concordia denunciaban demoras en los pagos de mayo y junio, con deudas que, según comerciantes del sector, oscilan entre los 40 y los 100 millones de pesos por proveedor. Un cambio de modelo que llega justo cuando el modelo anterior dejó cuentas pendientes.
El Gobierno de Entre Ríos sostuvo que el proceso licitatorio se realizó conforme a la normativa vigente y que la empresa cumplió con los requisitos técnicos, administrativos y de calidad. Sin embargo, en el anuncio oficial no se difundieron el monto del contrato ni las condiciones económicas de la adjudicación. Pagliotto encuadró su pedido en la Ley Provincial N° 11.191 de Acceso a la Información Pública y su decreto reglamentario N° 292/2025, y dejó formulada reserva de iniciar acciones administrativas y judiciales si la respuesta es incompleta, parcial o directamente no llega.
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