La grieta interna que el peronismo entrerriano venía disimulando acaba de quedar al descubierto. El Partido Justicialista de Entre Ríos emitió un duro comunicado en el que rechaza de manera categórica la reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y, para que no queden dudas, advirtió que cualquier legislador provincial del PJ que acompañe el proyecto estará actuando «en abierta desobediencia al mandato partidario».
No es una advertencia menor. El documento deja en claro que «no existe espacio para el acompañamiento individual» y que las modificaciones incorporadas al texto durante el debate legislativo son, según el peronismo, «meramente cosméticas e insuficientes». En otras palabras: no hay media tinta posible. O se vota en contra o se asumen las consecuencias.
El PJ apunta directamente al oficialismo provincial como responsable de la iniciativa y sostiene que la reforma representa un retroceso en materia previsional. Además, acusa al gobierno de intentar «agitar una falsa e inexistente guerra entre trabajadores del sector público y privado» con el objetivo de «nivelar los derechos hacia abajo». Una acusación política de peso que el oficialismo no respondió en el comunicado analizado.
El documento también conecta la reforma con la política económica nacional. Según el PJ, «las políticas de ajuste de Javier Milei, la parálisis económica y el desplome de la recaudación» son los factores que empujan esta iniciativa bajo la bandera del déficit cero. Y en ese punto, el peronismo le apunta a Frigerio por no reclamar con firmeza los recursos previsionales que, según afirma, la Nación adeuda a Entre Ríos: «Ha claudicado el justo reclamo federal», dice el texto.
Los cuestionamientos técnicos son varios y concretos. Sobre el artículo 34, el PJ sostiene que se elimina la movilidad histórica de los haberes al desvincularse del escalafón de origen y reemplazarse por un índice que quedaría en manos del Ejecutivo provincial. Respecto de los artículos 31 y 63, califica el mantenimiento del 82% móvil como «una maniobra publicitaria vacía», porque el cambio en la base de cálculo —de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones— produciría, según el partido, «una drástica licuación del haber inicial».
También se objeta el artículo 6, que declara la emergencia previsional y que el PJ describe como «un cheque en blanco» para que el gobernador modifique aportes y alícuotas por decreto. Y el artículo 15, que habilitaría a la Contaduría General a retener fondos de coparticipación a los municipios para cobrar deudas previsionales, lo que el peronismo entiende como una afectación directa a la autonomía municipal.
El comunicado también denuncia un «profundo sesgo discriminatorio» hacia las mujeres, al señalar que el aporte solidario recae sobre sectores altamente feminizados, que se eleva la edad jubilatoria y que se limitan las pensiones por viudez. Sectores como salud, educación y servicio penitenciario también aparecen mencionados como afectados por los cambios en jubilaciones, pensiones e invalidez.
El PJ cierra su posición con una afirmación que suena a reproche político: había otro camino posible, que incluía recuperar los fondos adeudados por la Nación y construir consensos. Pero el oficialismo, según el partido, «prefirió imponer una reforma sin consensos y legislar a ciegas». La pelota queda ahora en la cancha de la Legislatura provincial, donde cada voto peronista tendrá un costo político bien definido.
