Los números no mienten, y estos duelen. En el primer cuatrimestre de 2026, 5.649 empresas cerraron sus puertas en la Argentina, llevándose consigo 43.680 puestos de trabajo registrados. Una sangría silenciosa que los índices oficiales confirman y que en la calle se siente hace rato.
Los datos muestran una caída tanto en la cantidad de empleadores activos como en la de trabajadores en blanco. No es un dato aislado: es la continuidad de un proceso que viene profundizándose y que los especialistas vinculan a tres factores que se retroalimentan. Primero, la caída del consumo, que ahoga la rentabilidad de las empresas más chicas. Segundo, la menor creación de nuevas firmas, que ya no alcanza para compensar las que desaparecen. Y tercero, el avance sostenido de la informalidad, que absorbe parte de esa mano de obra expulsada del circuito formal, pero sin derechos ni protección.
El fenómeno no es nuevo, pero la velocidad con que se está dando en este arranque de año enciende una señal de alerta difícil de ignorar. Cada empresa que cierra no es solo un número en una planilla: es un comercio que baja la persiana, un taller que apaga las máquinas, una familia que reorganiza su economía de urgencia. Y cada empleo perdido es una persona que sale del sistema formal, muchas veces para no volver.
La pregunta que queda flotando es si las políticas actuales tienen alguna respuesta concreta para frenar esta tendencia, o si el ajuste fiscal seguirá pasando la factura por el lado más frágil de la economía: las pequeñas y medianas empresas y sus trabajadores. Por ahora, el primer cuatrimestre de 2026 no deja margen para el optimismo fácil.
