Primero te dan el trabajo. Después te prestan la plata para hacerlo. Y después te cobran por esa plata a tasas que, según denuncian desde el sindicato del sector, pueden llegar al 700% anual. Así funciona, en su cara más oscura, el modelo de financiamiento que las plataformas digitales de reparto aplican sobre sus propios trabajadores.
Un informe reciente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso números a un fenómeno que venía creciendo en silencio: el endeudamiento de los repartidores de aplicaciones con las mismas empresas para las que trabajan. Según el organismo, la deuda promedio de los repartidores oscila entre $900.000 y $1.000.000, mientras que los comercios asociados a esas plataformas acumulan compromisos cercanos a los $6 millones.
Los números de crecimiento son elocuentes y preocupantes a la vez. En 2025, la cantidad de trabajadores que tomó este tipo de créditos aumentó un 122% respecto del año anterior, después de otro salto del 177% registrado entre 2023 y 2024. No es una tendencia marginal: es una explosión.
El mecanismo tiene su lógica. Las plataformas no miran el historial crediticio del trabajador como lo haría un banco, sino los datos que el propio repartidor genera dentro de la aplicación: antigüedad, cantidad de pedidos aceptados, calificación de los clientes, desempeño en horarios pico. Con eso arman su propio sistema de evaluación de riesgo. Los créditos se destinan principalmente a la compra o reparación de bicicletas y motos, tienen un plazo típico de seis meses y las cuotas se descuentan automáticamente de los ingresos por cada pedido. Por eso la mora es baja: el 11,7%, por debajo del promedio del sistema financiero. No porque el trabajador esté bien, sino porque la plataforma se cobra sola antes de que el dinero llegue al bolsillo.
Desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), la secretaria general Belén D’Ambrosio fue directa: el costo financiero total de esos préstamos puede trepar al 700% anual, aunque el informe del BCRA no detalla las tasas que cobra cada plataforma. “Tenemos compañeros que trabajan entre diez y doce horas diarias solamente para cubrir los gastos fijos y devolver los créditos“, afirmó la dirigente, quien además reclamó una regulación específica para este tipo de financiamiento.
El cuadro se completa con los ingresos que perciben estos trabajadores: entre $1.500 y $3.000 por pedido, independientemente del valor de la compra. Con eso deben pagar el mantenimiento del vehículo, el aumento del costo de vida y las cuotas de los préstamos. La cuenta no cierra fácil.
Las empresas, por su parte, presentan estos créditos como una herramienta de inclusión financiera para personas que el sistema bancario tradicional dejó afuera. Pedidos Ya, por ejemplo, informó que desde 2024 comenzó a ofrecer préstamos a repartidores y que, sumados a los destinados a comercios, ya superó los 57.000 créditos otorgados. Los trabajadores independientes representan más de la mitad de los beneficiarios y concentran cerca del 62% del saldo total financiado.
La pregunta que queda flotando es si se trata de inclusión financiera genuina o de una nueva forma de dependencia: trabajadores que necesitan endeudarse con su empleador para poder trabajar, y que luego deben trabajar más horas para pagar esa deuda. El BCRA tiene el informe. La regulación, por ahora, brilla por su ausencia.
